Agradezco al director de Cetrade, Domingo Alberto Martínez Resendiz, la invitación para exponer mis ideas en este foro. Por la imposibilidad de hacerlo personalmente le solicito se de lectura a mi ponencia.

El Código Federal Electoral y las candidaturas independientes

César Armenta Barradas *

En el debate que se está dando sobre la reforma del Estado, la Reforma Electoral Integral es fundamental para consolidar la democracia en el país. En mi opinión tiene que legislarse sobre los siguientes ejes:

• El otorgamiento de autonomía plena al Instituto Federal Electoral (IFE)
• El financiamiento a los institutos y agrupaciones políticas.
• Los derechos políticos electorales de los ciudadanos
• La representatividad real, auténtica y exacta en las elecciones de los Congresos Locales y el Federal.

Sobre estos pilares el Código Federal Electoral, tiene que garantizar a plenitud el ejercicio democrático de los ciudadanos y los partidos políticos.

Viene a colación el asunto de la Reforma Electoral porque considero que el Código en vigor, no garantiza cabalmente los derechos políticos-electorales de los ciudadanos, ni procura la representatividad real y exacta de los votos emitidos en las elecciones para integrar los Congresos Locales y el Congreso de la Unión.

La normatividad actual, arroja una sobre-representación en la composición de los congresos, la cual falsea la efectividad del sufragio. El Código no considera que las Cámaras de Diputados y Senadores son órganos colegiados de representación nacional en lo que respecta al Congreso de la Unión y de representación estatal en las cámaras locales.

Por tal motivo, ningún diputado o senador puede ejercer sus funciones en forma individual o personal. Si se toma en cuenta esta tesis desaparecerían las candidaturas uninominales, como actualmente se les llama y quedarían las candidaturas de representación proporcional que se traducen en una real y exacta representación de acuerdo a los votos emitidos a favor de todos y cada uno de los partidos políticos.

Tenemos el ejemplo de la Fracción Parlamentaria del PRD, cuya representación en el Congreso de la Unión es del once por ciento, a pesar de haber recibido una votación cercana al veinte por ciento. En este caso concreto, la reglamentación de un código no democrático le desaparece y anula al PRD un porcentaje muy importante de su votación, el cual ex aproximadamente un ocho por ciento de los votos recibidos a favor de sus candidatos y su partido.

Hay que decirlo con toda claridad y precisión, los códigos anteriores a la Reforma lectoral de 1996 eran en su esencia profundamente antidemocráticos. En la reglamentación de 1996 se dio un avance importante, hay que reconocerlo, pero todavía no se garantizan a plenitud los derechos político-electorales de los ciudadanos, los partidos y asociaciones políticas.

A costado muchos esfuerzos el ir abriendo espacios democráticos. Los legisladores que ostenten las mayorías en el Congreso de la Unión siguen resistiéndose a analizar, elaborar y votar por un código auténticamente democrático, en donde el libre ejercicio de votar y ser votado sea la esencia fundamental del espíritu de la democracia. Es decir, que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos, todos los votos el mismo valor y que estos ejercicios se puedan traducir en representaciones fieles de las votaciones recibidas.

Hoy, aunque se ha ido avanzando en materia electoral, todavía tenemos un Instituto Federal Electoral sin autonomía plena para terminar la ciudadanización de todos sus organismos, sin facultades para ser garante de elecciones limpias y transparentes, así como para fiscalizar los recursos públicos y privados que utilizan en sus campañas los candidatos de los partidos políticos. Están a la vista los casos del Pemex Gate y Amigos de Fox Gate, que seguramente pasarán a engrosar las largas filas de impunidades, porque los intereses creados de los actores y las complicidades de los partidos que comparten y detentan el poder están obstruyendo con éxito las investigaciones de la Comisión Fiscalizadora del IFE.

Es evidente que los congresistas han legislado en función de los intereses de las organizaciones partidistas que los postulan, escriturando los derechos ciudadanos a favor de los grupos que los llevaron a esos cargos de representación popular. El Legislativo se equivocó rotundamente al no reconocer e interpretar correctamente la forma universal del derecho del poder ser votado y comete doble equivocación al trasladar un derecho individual ciudadano de poder ser votado, a la tutela exclusiva de los partidos políticos.

La idea de las candidaturas independientes, se sustenta jurídicamente en los derechos políticos electorales de los ciudadanos, consagrado en el Artículo 35 de nuestra Carta Magna, como un derecho individual. Las garantías individuales, según el Artículo 1 de nuestra Constitución, no podrán restringirse ni limitarse. Es precepto que la garantía que se restringe o limita obviamente desaparece y deja de ser garantía.

De ahí, que no es obra de la casualidad que el derecho del ciudadano de votar y ser votado esté dentro del capítulo de las garantías individuales, es más, el Articulo 35 de nuestra Carta Magna establece como prerrogativas del ciudadano, el derecho de poder ser votado para todos los cargos de elección popular.

Los legisladores interpretan y reglamentan el derecho de votar en forma universal, libre, directa e intransferible, lo que garantiza que el sufragio sea efectivo. Pero ese espíritu se rompe al reglamentar la Fracción Segunda del Artículo 35 de la Constitución General de la República.

En el artículo 4 del Código Federal en vigor, se omite, ignora y pasa por alto los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos de poder ser votados y electos en elecciones constitucionales a todos los cargos de representación popular. Para los legisladores que elaboraron el Código Federal Electoral, no es universal el derecho de ser votado y al interpretar la Ley de esa manera, limitan y restringen la garantía individual del ciudadano al grado de cancelar definitivamente ese derecho.

Lo anterior creó de facto, con la mayor naturalidad, el monopolio electoral absoluto para la postulación de candidaturas a todos los puestos de elección popular, sacándose de la manga un régimen político de "partidocracia" en contra del mandato constitucional que establece en el Artículo 40 la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una República Democrática y de ninguna manera en un régimen de partidos políticos.

El universo de ciudadanos con derecho al voto en elecciones constitucionales, es el mismo universo de ciudadanos con derecho al poder ser votados. En el estado de Veracruz, al mes de abril del presente año, la lista nominal del Padrón asciende a cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis ciudadanos con derecho a votar y ser votados. En la República Mexicana es de sesenta y cuatro millones y medio aproximadamente a la misma fecha.

Se llegaron los tiempos de las candidaturas ciudadanas sin partido, los vientos que soplan impulsan cada día con más fuerza las libertades Democráticas, las candidaturas independientes sin lugar a dudas pronto estarán enriqueciendo la representación de la Nación y oxigenando los enrarecidos aires de los Congresos.

Las estadísticas fortalecen mi propuesta, el noventa y tres por ciento de los ciudadanos mexicanos no pertenecen ni militan en partido político alguno. Como el cuarenta y cinco de los electores se abstienen de votar por que no se identifica con los institutos políticos existentes.

Está a debate la asignatura de interés público que otorga la Constitución a los Partidos ya que no son ejemplo de democracia, ni de ética, sus elecciones internas así lo demuestran; no tienen la conciencia política de la Nación y son ya de facto una carga demasiado onerosa para un país empobrecido hasta la miseria como es el nuestro. El presupuesto de más de cinco mil millones de pesos para un año no electoral como lo es el 2002, cantidad que se auto asignaron en el Congreso de la Unión, es más que una mentada de madre, cuando se están padeciendo desempleos, bajos salarios, falta de créditos y una pobreza reciente. Esos más de cinco mil millones sólo sirven para sostener una alta burocracia partidista con sueldos equivalentes al de los ricos empresarios que en algunos casos rebasan los ciento cincuenta mil pesos mensuales y que suman miles de gentes, de burócratas entre todos los partidos que existen en el País.

Si a esto le quieren llamar de "interés público", ya es hora de que periodistas, medios de comunicación, articulistas y sociedad civil, que somos la conciencia política de la Patria, abramos el debate sobre este tema.

La idea de impulsar las candidaturas independientes de César Armenta Barradas se inscribe en el compromiso de la lucha por la democratización del país, no es de ninguna manera para satisfacer ninguna aspiración personal ni mucho menos por estar en contra de los institutos políticos.

En mi opinión los institutos políticos deben dejar de actuar como dueños, amos y señores del País. Tienen que detenerse a reflexionar que los votos que los llevaron a los puestos donde se encuentran no son un cheque en blanco y por lo tanto deben ejercer los poderes Ejecutivo y Legislativo en forma democrática, es decir, consultando permanentemente a los mandantes.

* Miembro fundador y coordinador del Frente Democrático Nacional en 1988; miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática en 1989 y ex presidente del Barzón Veracruzano y de la Alianza Nacional de Deudores de la Banca en el Estado de Veracruz.