Gobernabilidad

Miguel Rodríguez Cruz

Definir "La Gobernabilidad Democrática", por ser un término compuesto no es una tarea sencilla; por lo tanto iniciaremos definiendo ambos términos por separado.

La Gobernabilidad, es considerada como la capacidad de las instituciones políticas de un País para dirigir la economía y la sociedad y esta estrechamente relacionada con la legitimidad, la autoridad del gobierno y la eficacia para encontrar soluciones a problemas y a su capacidad operativa.

Democrática o democrático, sugiere la preexistencia de un proceso democrático, entendiéndose por este ultimo como aquel donde en una gama de opciones una mayoría opta por la que considera mejor y la minoría debe sujetarse a dicho mandato.

Por lo anterior podemos establecer que "La gobernabilidad democrática no se refiere tanto a los atributos de un régimen democrático como a las capacidades de una sociedad para enfrentar sus retos y oportunidades. Una estrategia de gobernabilidad democrática es una estrategia de construcción de capacidades propias para fortalecer la interrelación entre el sistema institucional existente, las habilidades de los actores políticos, económicos y sociales, y la cantidad y calidad del liderazgo de transformación existentes".

El Perfeccionamiento de la democracia y la reforma de los sistemas políticos juegan un papel determinante en el desarrollo de los pueblos; es por eso la necesidad de la gobernabilidad democrática que supone la legitimidad de las instituciones políticas, económicas y administrativas a todos los niveles. Abarca los complejos mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, median sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones legales.

Desde esta perspectiva, la gobernabilidad democrática tiene diversos atributos: es participativa y transparente en el proceso de toma de decisiones y dispone de mecanismos para la exigencia de responsabilidades por parte de la sociedad; es eficiente en la utilización de los recursos para lograr los fines previstos, es equitativa y promueve el Estado de Derecho.

La gobernabilidad democrática es parte fundamental del desarrollo humano y exige una ampliación en las oportunidades de las personas.

La gobernabilidad es en este campo una de las herramientas más importantes para crear un contexto adecuado a la puesta en práctica de un paradigma que, como el del Desarrollo Humano Sostenible, se centra en mejorar las condiciones de vida de las personas.

La gobernabilidad para el desarrollo de Veracruz debe ser pensada como un proceso complejo condicionado por la capacidad para enfrentar con eficiencia las transformaciones de la época. Los Legisladores Veracruzanos debemos plantear el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones para:

• Avanzar en la democracia representativa y participativa.
• Fortalecer el Estado de derecho (plena tutela para todos de las libertades civiles, garantías judiciales, derechos fundamentales y seguridad ciudadana).
• Ampliar y afianzar el concepto, tanto de ciudadanía como el de participación de la sociedad civil.
• Avanzar en equidad social, étnica, de género y territorial.
• Mantener el respeto a la división de funciones de poder en el Estado, pero permitiendo la coordinación política tendiente a evitar la recíproca neutralización de iniciativas orientadas al bien común, no sólo a nivel parlamentario sino también en lo municipal.
• El desarrollo de condiciones mínimas de viabilidad democrática.
• La promoción, divulgación y capacitación en desarrollo institucional y participación social.

Para muchos analistas y miembros de la clase política veracruzana, el régimen de gobierno dividido nacerá con la LX Legislatura en el presente año, cuando por primera vez en la historia política del Estado la oposición ha logrado escaños en la cámara de diputados suficientes como para detentar una mayoría parlamentaria capaz de servir como contrapeso al Ejecutivo del Estado.

En las elecciones del 5 de septiembre 2004, la ciudadanía se manifiesta a favor del gobierno dividido. Este mandato ciudadano, ya se ha presentado a nivel nacional repetido en tres elecciones consecutivas, ha planteado la necesidad de redefinir las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El mandato ciudadano es claro: modificar la situación de subordinación que caracterizó la relación entre los tres poderes constitucionales en el pasado reciente y dejar atrás las prácticas autoritarias para sustituirlas por democráticas.

Bajo el nuevo régimen de gobierno dividido, el Congreso debe asumir en la práctica las funciones que la ley establece; sin embargo, se puede presentar un problema teórico y práctico de gran importancia: cómo construir mayorías pluripartidistas en la próxima legislatura.

Las dificultades que pudieran presentarse en la relación Ejecutivo-Legislativo no se tratarían de un problema de operación política o cambio de actitudes; es un problema estructural que requiere un proceso de reingeniería jurídica para hacer gobernable un sistema de responsabilidad compartida.

El 5 de noviembre debe inaugurase una relación entre el Ejecutivo y el Legislativo respetuosa, firme, pero caracterizada por la búsqueda permanente de canales de comunicación que permita llegar a consensos para el beneficio y el bienestar de los veracruzanos.

En ese sentido me parece importante señalar la necesidad de integrar un nuevo tipo de relación entre ambos poderes. Para ello debemos crear estructuras institucionales de gobierno encargadas de poner en práctica el enlace sistemático entre el Ejecutivo y Legislativo.

Crear por tanto unidades de enlace legislativo, cuya misión sea la de construir y operar los mecanismos e instrumentos institucionales que garanticen la buena relación entre los poderes para la generación de consensos y acuerdos políticos, jurídicos y sociales, a fin de lograr las reformas legislativas en las que se sustenten el desarrollo estatal, la gobernabilidad democrática y el bien común.

Al mismo tiempo, funcionaría para construir mecanismos de enlace, comunicación y atención cotidiana con los grupos parlamentarios y los legisladores en lo particular, para lograr las reformas legislativas.

Es cierto que se requiere adecuar el marco institucional para evitar los riesgos que trae aparejado el fenómeno de gobierno dividido: la parálisis legislativa, la confrontación entre Poderes, pero también es cierto este cambio de reglas de juego requiere de la voluntad política de ambas partes.