Gobernabilidad en Veracruz: Reflexiones en Voz Alta

Juan José Llanes Gil del Ángel

Antes que nada, agradezco profundamente al Centro de Estudios para la Transición Democrática A.C., y a mi amigo Domingo Alberto Martínez Resendiz, su gentileza al invitarme a compartir este espacio de reflexiones en voz alta. Todavía más en momentos como ahora, en los que urge tender puentes crítico-reflexivos entre quienes asumirán, pronto, la tarea de gobernar y quienes deberemos -también-, aprender a ser buenos gobernados. La primera condición para ello, necesariamente, es decir la verdad, como la entendamos. Estos espacios se tornan esenciales para tal ejercicio, porque (como apuntaba Michel Foucault) la función de "decir la verdad", no debe adoptar la forma de una ley; sería asimismo vano creer que la verdad reside de pleno derecho en los juegos espontáneos de la comunicación. La tarea de decir la verdad es un trabajo sin fin; respetarla en su complejidad es una obligación de la que no puede zafarse ningún poder, salvo imponiendo el silencio de la servidumbre. Así pues, comienzo por decir una verdad: aunque fui invitado por nuestro amigo Domingo Alberto para tratar de vincular temas de carácter laboral a los ejes temáticos de este foro, no cometeré la tropelía de aseverar que mí voz es la de la clase trabajadora de Veracruz. Prometo, en cambio, emplazar apenas una reflexión.

Creo conveniente comenzar por decir que cualquier opinión seria en torno de la gobernabilidad democrática, la relación ejecutivo-legislativo, las reformas necesarias y la transparencia y la rendición de cuentas, tiene que comenzar por realizar una breve (que no superficial) evaluación en torno del Estado que hereda la administración de Miguel Alemán y la Quincuagésima novena Legislatura del Congreso del Estado.

En concreto: es factible decir que tras seis años de alemanato y los cuatro que van del foxato, la clase trabajadora atraviesa por el peor momento de su historia. Esto es insoslayable. Aquí, la pregunta toral es si esto es irreversible. En tal sentido, me inscribo al lado de los escépticos del mesianismo, y declaro no creer que la renovación de dos de los tres poderes del Estado, per se, signifique ni redención de oprimidos ni la reivindicación de los derechos de los trabajadores veracruzanos. El problema es mucho más complejo.

Remitirse a las promesas de campaña esbozadas en 1998, equivale a formular una broma macabra: no se produjo el milagro. El compromiso de generar los miles de empleos que rescatarían al pueblo veracruzano de la postración económica quedó en promesa. Resulta a estas alturas, cuando todos conocemos la crítica situación por la que atraviesa el Estado en materia de empleo, hasta perogrullada decir que pasó lo contrario: nunca antes, se habían perdido tantas fuentes de trabajo; nunca antes, había sido Veracruz de los primeros expulsores de mano de obra; nunca antes, habíamos visto partir a tantos veracruzanos al extranjero en busca de las oportunidades que, aquí, el Estado les negó; nunca antes, habíamos tenido que aprender a convivir con la noticia infausta, constante, innegable, de veracruzanos muertos al cruzar la frontera.

La administración alemanista, ante ello, optó por la resignación: nada se puede hacer, es culpa (de cuatro años para acá), de la Federación. Dotó de tareas sustantivas (ya no etéreas) a una de sus dependencias -la Subsecretaría de Desarrollo Político-, para repatriar cadáveres, y la transformó en agencia funeraria. Muchos nos preguntamos a lo largo de estos seis años qué pasó con los empleos que se iban a crear, y nos cuestionamos aún si transformarán a la Subsecretaría de Desarrollo Político en agencia de viajes.

De allí, que pueda esbozar una primer intento de conclusión: no podremos hablar de gobernabilidad (democrática o no) cuando las posibilidades de los veracruzanos de quedarse en su tierra son cada vez menores, ante la disyuntiva de quedarse a intentar sobrevivir o emigrar en busca de mejores oportunidades. No podremos hablar de gobernabilidad democrática cuando las condiciones de vida de la clase trabajadora de Veracruz (que, en realidad, somos todos), van en caída libre. No podremos hablar de gobernabilidad, siquiera, cuando la clase trabajadora de Veracruz insiste, por enésima vez, en que está harta de píldoras de gradualismo. No podremos hablar de gobernabilidad mientras se continúen privilegiando, como estrategia de gobierno, los postulados neoliberales que dictan, entre otras ficciones, que la lucha de clases y el conflicto entre capital y trabajo, se encuentra superado por decreto.

Menos aún cuando se asoma el fantasma de una reforma laboral que pretende cancelar las conquistas sociales de los trabajadores, en pro de la "competitividad", de la "atracción de capitales", del "fomento a la inversión", palabras que a la inmensa mayoría de los trabajadores les resultan ajenas, distantes, incomprensibles, y traducibles como la posibilidad concreta de perder la estabilidad en el empleo, y ser despedidos, sin recibir nada, en aras de la "flexibilización del mercado laboral" que tan de moda está entre la tecnocracia que cuando oye de las condiciones laborales en China, suspira.

En tal sentido, considero que la primera condición para una gobernabilidad democrática en Veracruz, estriba en la necesaria sensibilidad hacia los problemas de la clase trabajadora de Veracruz por parte de quienes nos gobiernen próximamente, sensibilidad que se perdió en los últimos años, en el entendido, además, que los trabajadores del Estado ya han abonado su parte, con el sacrificio del exilio, y con no reventar.

Para ello, por supuesto, será necesario que la relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo sea funcional. Urgen reformas.

Desafortunadamente, la experiencia práctica ha demostrado que cuando la mayoría en el Congreso es de militantes del mismo partido político que el Gobernador, la Legislatura se convierte en una patética oficialía de partes a la que se dirigen los trámites del Ejecutivo para dictar leyes. Empecinado en reconocer que la distribución equilibrada de las fuerzas políticas en el Congreso no es obra de la casualidad, sino de la necesidad ciudadana de recuperar la más importante de las Instituciones de la República, entendería que ahora la sociedad dictó que nadie tenga mayorías aplastantes. La experiencia vista, por desgracia, en tal sentido, por ejemplo en el Congreso de la Unión, es que las fuerzas políticas carecen de madurez, e instalados en las guerras facciosas, optan por la parálisis. Grave es también la visión a corto plazo en el Estado. Nadie puede decir que los partidos carecen de una agenda legislativa que incluya las necesarias reformas sociales, pero nadie puede negar que, por lo pronto, lo que más se oye por parte de los partidos políticos es su queja en torno de que las reformas constitucionales y a la Ley Electoral de Veracruz, que -como buen fruto del iluminismo de los iluminados del sexenio alemanista-, olvidaron fijar reglas claras para la distribución del poder en el Congreso. Se ve, en lo inmediato, solamente la necesidad de los partidos de componer las reglas de su acceso al poder, pero no de intervenir en otros temas que, seguramente, podrán esperar a que se pongan de acuerdo en el número diputados que le deberá tocar a cada quien.

Podrá decirse que la temática laboral se constriñe a la Federación (que se reservó constitucionalmente la facultad de dictar leyes en materia de trabajo); sin embargo, se olvida con frecuencia que las Legislaturas locales deben legislar en materia de trabajo burocrático. En este punto, es pertinente insistir en que la reforma a la Ley Estatal del Servicio Civil no puede esperar más. Hablamos de una legislación que es necesaria para regular el trabajo de todos los burócratas al servicio de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de los doscientos doce ayuntamientos. Hablamos de miles de trabajadores burócratas y de miles de familias que dependen de éstos. Urge la reforma porque a los trabajadores burócratas la ley los mantiene relegados como trabajadores de segunda (en cuanto hace a sus derechos), y urge también cuando hablamos de la posibilidad concreta de que se adelgace la obesa estructura burocrática que creó el sexenio alemanista, lo que se traduciría en nuevos despidos masivos. La referencia concreta, se encuentra en el mes de marzo de 2002, cuando la administración estatal dio a conocer sus lineamientos de austeridad y los "recortes" de personal que, de acuerdo con la cifra negra que se maneja, alcanzó a mil burócratas. Lo irónico del asunto, es que el alemanato justificó el recorte con la necesidad de no reducir su gasto social. Esto es, para el gobierno de Alemán, la salida para no dejarle de dar a los pobres, fue despedir a burócratas y formarlos en la fila de los pobres. Entre éstos, por supuesto, no se encontró ningún funcionario de primer nivel que, obviamente, tampoco prescindieron de sus dietas.

En este momento, la Ley burocrática estatal se encuentra plagada de obsolescencias, lagunas, ambigüedades, contradicciones e, incluso, alguna norma inconstitucional. No cuenta con un procedimiento para la ejecución de los Laudos dictados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (el cual tiene un grave problema de inejecución de sus resoluciones por el vacío de la Ley), y este mismo órgano arbitral se colapsa ante la falta de presupuesto y personal que le permita impartir una justicia pronta y expedita. Se espera, naturalmente, una reforma que alivie la situación de los miles de trabajadores al servicio del Estado. Se espera también una reforma a las normas que regulan la seguridad social. El sistema de pensiones del Estado puede tener solución a su cada vez más apretada realidad financiera. Pero resulta indispensable que se garantice, de una vez por todas, el acceso a todos los burócratas al sistema de pensiones y reglas claras que no permitan la descapitalización del Instituto que conserva el patrimonio de los trabajadores.

Necesitamos también en Veracruz un sistema eficiente de rendición de cuentas. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en los últimos seis años el principal trasgresor de derechos laborales fue el propio Gobierno, como patrón, como instancia jurisdiccional en materia de conflictos laborales, y como gestor de empleos.

El alemanato nunca entendió que cuando la Constitución Federal, en su Artículo 123, dice que "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, (y) al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo...", los detentadores del derecho al trabajo digno éramos los veracruzanos y el detentador de la obligación correlativa de crear empleos y fomentar la organización social para el trabajo, era el Gobierno. En ese punto, la administración estatal violó las Garantías Sociales al incumplir con el citado deber impuesto por la Carta Magna. Por ello, es posible asegurar que en este rubro, no hubo ni podrá haber cuentas claras.

De manera dolorosa, además, la clase trabajadora veracruzana fue testigo de cómo, al amparo del Poder, los funcionarios del alemanato conculcaron sus garantías de libertad de asociación y de sindicación. En un escenario como el que se vive en el Veracruz del siglo XXI, en el que los mecanismos tradicionales de control y manipulación de los trabajadores a través de sindicatos b/ancos se encuentran en declive y en proceso de extinción, el Gobierno se preocupó por prohijarlos aun a costa de la libertad sindical.

Baste ver las vicisitudes del Sindicato Democrático de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SIDEPEV), que cuando surgió fracturó el esquema del sindicalismo cómodo que durante treinta años estuvo al servicio del Gobierno en turno, para tener un buen ejemplo de lo que aquí se asevera. Hasta la fecha, el Poder Ejecutivo no ha reconocido como sindicalizados a la totalidad de los trabajadores afiliados al SIDEPEV, no entrega la totalidad de la cuotas sindicales que le corresponden y se cuenta con datos y documentos precisos que demuestran que más de un Titular de dependencia, ha condicionado la libertad de sindicación de los trabajadores, a la previa aprobación del Gobierno y ha sugerido la necesidad de que el Poder Ejecutivo inste al Poder Judicial para que no tenga como sindicalizados a trabajadores a los que no se les haya dado autorización. No podemos hablar de transparencia y reglas claras, cuando la Contraloría General del Estado no ha intervenido para ver qué pasa en Radiotelevisión de Veracruz, en donde la Dirección de dicho Organismo se ha dedicado durante seis años completos a hostigar a los trabajadores del Sindicato independiente y, en donde, de facto, ha establecido dos categoría de trabajadores: los de primera, aquellos que tienen derecho a prestaciones laborales por militar en el sindicato que el patrón les escogió, y los de segunda, aquellos que laboran con la amenaza constante del despido y menos prestaciones por estar afiliados al sindicato que no le gusta a Miguel Ángel Sánchez de Armas. Nada ha pasado, a pesar de que tiene ya tiempo que se denunció que el Director de RTV se incluyó a sí mismo en el Fondo de Ahorro exclusivo para los trabajadores sindicalizados y excluyó a los empleados socios del sindicato disidente.

No podemos hablar de transparencia y reglas claras cuando el Gobierno de Veracruz, en el extremo de la indolencia, sostiene contra viento y marea y con alarde de impunidad al Director del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. La Comisión de Derechos Humanos del Estado concluyó que Antonio Vázquez Figueroa no solamente transgredió, en perjuicio de diecisiete trabajadores a los que despidió por no afiliarse al sindicato que la Dirección decidió, la Constitución Federal por cuanto hace a la libertad de asociación y sindicación, sino que también violó (de acuerdo con la Recomendación 67/2004), la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por la Organización de Estados Americanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", aprobado por la Asamblea General de Estados Americanos, el Convenio número 111, relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por la Asamblea General de la OEA.

La Contraloría General del Estado, por su parte, como es del dominio público, instruyó un procedimiento disciplinario administrativo y concluyó que el Director General del COBAEV debía ser cesado de su cargo por violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

No podemos hablar de transparencia y cuentas claras, cuando el Secretario de Educación y Cultura del Estado decide, por sí y ante sí, que aunque el funcionario en mención haya violado la Constitución, seis tratados internacionales, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y la libertad de sindicación de los trabajadores del COBAEV, aún así, lo más que merece es que se le amoneste en sesión privada, y que la Contraloría rectifique su decisión. Todo ello, ostenta, con el conocimiento del Gobernador.

Un sistema eficiente de rendición de cuentas tendiente a la transparencia, implica, necesariamente, que no ocurra lo que está pasando con los trabajadores de Veracruz, que se sancione a quien viola sus derechos, a quien no cumple sus deberes, y a quien dispone impunemente del Erario (que es dinero de todos los veracruzanos), para cubrir con sumas millonarias lo que cuestan los caprichos de quienes optan por despedir y hostigar.

Decía al principio que el problema laboral en Veracruz es muy complejo. No es indescifrable, ni tampoco insoluble. Se requiere, ante todo, de voluntad política.

Soy escéptico, insisto, pero no incrédulo. Creo, con plena confesión de idealismo, que aún es viable arribar a ese Estado descrito por Ikram Antaki que soñó que un día nos convertimos por fin en un país ideal, en donde instalamos la razón en lugar del delirio y el derecho en lugar del abuso; en el que entendimos el papel unificador y dignificador del Estado; en el que protegimos la República; en el que domamos las pasiones políticas; en el que el último mentiroso emigró a la Conchinchina y el último ladrón fue encarcelado; en el que, en síntesis, dimos lugar y respeto al trabajo y entendimos que el conformismo puede disfrazarse de revolución. Espero que, pronto, ese día llegue.