Hilario Barcelata Chávez

Los Vacíos de la Democracia. Hacia una Ley de Partidos Políticos

Hilario Barcelata Chávez

Índice

Introducción. 1. Desarrollo y democracia. 2. La decepción de la democracia. 3. ¿Democracia sin desarrollo?4. La democracia como competencia política. 5. Desigualdad, desintegración social y consensos. 6. Conclusiones y recomendaciones.

Introducción.

Este trabajo realiza una reflexión respecto a la importancia que representa la democracia en la tarea de construcción del desarrollo. Esa –quizás- constituye la mayor y mejor justificación para trabajar a favor de la expansión de la democracia. Sin embargo, en los últimos años, en que se han presenciado procesos de amplio avance democrático, no sólo en México, sino en toda América latina, es notorio que el proceso de desarrollo económico ha sufrido estancamientos o de plano profundos retrocesos. Por ello es necesario -y aquí se abordan estos aspectos- reflexionar también respecto a estos resultados y las razones por las cuales la democracia no ha cumplido su papel como instrumento de transformación social.

Esta reflexión permite identificar un conjunto de “vacíos de la democracia”, es decir, deficiencias e insuficiencias en los mecanismos creados hasta hoy para propiciar la libre expresión de la voluntad popular y permitir una correspondencia entre el hacer de los gobiernos elegidos democráticamente y dicha voluntad. En general este trabajo identifica esos vacíos con un conjunto de conductas, actitudes y procesos que constituyen prácticas antidemocráticas (pero no ilegales) que tienen lugar debido a la inexistencia de leyes que las impidan o a la insuficiencia de las normas ya existentes.

El trabajo pretende, también ofrecer una reflexión respecto a la pertinencia del establecimiento de normas para “llenar los vacíos de la democracia”. Es decir, reglas legales que permitan una competencia electoral más equitativa y transparente, lo cual representaría un gran avance para la democracia en México y renovaría su capacidad para servir como impulsor del desarrollo.

1. DESARROLLO Y DEMOCRACIA

La pobreza, la marginación, el bajo nivel de bienestar, la concentración del ingreso, la desigualdad social, la falta de competitividad de empresas e individuos y otros fenómenos relacionados con el subdesarrollo, no son sino formas de expresión de la falta de libertades fundamentales relacionadas entre sí, libertades de que deben de disfrutar los individuos.

La ausencia de libertad para el desarrollo hay que entenderla como la insuficiencia de oportunidades para conseguir lo que mínimamente necesita una persona para vivir bien y durante mucho tiempo, para que esto sea posible, se requiere que el objetivo de las políticas públicas y de la conducta social de los individuos se oriente en el sentido de alcanzar un conjunto de libertades que garantizan el desarrollo de un país. Esto significa que para promover el desarrollo se requiere no sólo el crecimiento económico sino, también, la creación de instituciones sociales y económicas que permitan eliminar esas fuentes de privación, lo cual es irrealizable mediante la dinámica de los mercados.

Para garantizar que los recursos adicionales derivados de los procesos de expansión económica se destinen a propiciar el desarrollo, se requiere un marco institucional que permita transformar la riqueza incrementada en recursos públicos orientados a la consecución de una vida digna y la disminución de la desigualdad. Y esto -a su vez- depende de que los arreglos institucionales y las políticas públicas expresen los objetivos y las necesidades de quienes están en peor condición. Esto significa que la reducción de la pobreza (que es un factor crucial para promover el desarrollo económico) y la solución de otros problemas económicos y sociales, dependen fundamentalmente del fortalecimiento de la democracia y el goce de otras libertades políticas que juegan un papel esencial en la consecución de estos fines.

La democracia como expresión de la libertad política se refiere a un conjunto de oportunidades que pueden obtener los individuos para decidir quienes deben ser sus gobernantes y bajo que principios deben ser gobernados. Y se complementa con otras libertades políticas como la libertad de prensa y de expresión y la capacidad de diálogo, disenso y crítica a las autoridades sin sufrir ningún tipo de represión.

Existe una amplia relación entre las libertades políticas y el bienestar social, ya que en sociedad democrática, con elecciones y libertad de prensa, los gobiernos tienen incentivos para mejorar la calidad de vida de la población y salvaguardar la libertad para evitar la desnutrición, la muerte por hambre y en general la desigualdad y la injusticia social.

La importancia de la democracia, en la consecución de fines sociales, según Sen (1), radica en tres aspectos:

a. Su importancia intrínseca, es decir, por cuanto que los derechos políticos son una de las capacidades esenciales en la vida de las personas;

b. Su contribución instrumental, es decir el papel que juega como mecanismo que incrementa las posibilidades de los individuos para expresar y defender sus demandas de atención política y su capacidad para provocar una respuesta social para que se satisfagan sus necesidades económicas. La democracia permite expresar las necesidades y demandar el establecimiento de medidas para satisfacerlas. El hecho de que los gobiernos actúen a favor del mejoramiento del bienestar de la sociedad depende de las presiones que se ejerzan sobre ellos. Por ello es importante que existan libertades políticas como votar, criticar, protestar, etcétera. Habiendo democracia (incluyendo la participación política y la libre oposición) los gobiernos y los gobernantes, tendrán incentivos políticos para escuchar lo que quieren los individuos, porque tienen que hacer frente a sus críticas y buscar su apoyo en las elecciones.

c. Su papel constructivo en la creación de valores y normas y en la conceptualización e identificación de las “necesidades” particularmente las económicas en un contexto social, puesto que la libertad de expresión, garantiza la discusión y los debates públicos abiertos, fundamentales para este fin. La creación de los valores sociales de manera documentada y sin que estén definidos y reglamentados por la autoridad, requiere la comunicación y el debate de argumentos. De igual modo la posibilidad de poder expresar públicamente lo que valoramos y exigir que se le preste atención, se requiere libertad de expresión y elecciones democráticas.

Hay una idea extendida de la existencia de un conflicto entre libertades políticas y mejoramiento económico, en el sentido de que estas libertades dificultan el desarrollo económico, lo que, a su vez, fundamenta la idea que el autoritarismo puede promover mejor el desarrollo económico y aunque esto particularmente porque existe algún tipo de evidencia empírica en este sentido.

Sin embargo, lo cierto es que hay más pruebas de que los pueblos con menos libertades políticas, también son aquellos de más bajo desarrollo económico.

En nuestro país hemos visto que las entidades federativas y los municipios más desarrollados son también aquellos en donde hay mayor transparencia en los procesos electorales, más amplia es la libertad de expresión y la transparencia en la información y mayor la participación política y social. En cambio aquellos estados y municipios atrasados son también los que menos avances en materia democrática han tenido.

Hay que recordar que la democracia se alimenta también de la existencia de otras libertades, como las sociales, que incluyen el acceso a los sistemas de educación pública y permiten a las personas, participar eficazmente en las actividades políticas. La carencia de este tipo de libertades que se expresan en fenómenos como el analfabetismo, por ejemplo, obstaculizan la participación política, dado que limita la capacidad para poder leer los periódicos o de comunicarse por escrito con otros.

Nuevamente, vale la pena observar el caso de los estados y municipios mexicanos cuyas economías crecen más y tienen más desarrollo humano debido a que son también los que más han avanzado en materia de libertades políticas y los que menos analfabetismo tienen. Por el contrario los que sufren de mayor analfabetismo, son al mismo tiempo menos democráticos y menos desarrollados.

2. LA DECEPCIÓN DE LA DEMOCRACIA

A pesar de las virtudes de la democracia y del consenso generalizado respecto a sus bondades, México y Latinoamérica toda, vive el desconsuelo y la decepción de la democracia y una gran desconfianza respecto a su capacidad para remediar los males sociales y garantizar el progreso.

Esta es una insatisfacción que crece y se expresa, con amplio descontento popular y consecuencias desestabilizadoras. Así lo demuestra el estudio La democracia en América Latina elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2) donde se observa que la preferencia de los ciudadanos por la democracia es relativamente baja y que éstos muestran una gran desconfianza en las instituciones democráticas y en los políticos.

Los resultados de este análisis evidencian que el 54.7% del total de los encuestados apoyarían a un gobierno autoritario si resuelve los problemas económicos que aquejan a la población y el 56% cree que el desarrollo económico es más importante que democracia. De igual modo, el 58% está de acuerdo con que el presidente vaya más allá de las leyes para la consecución de los fines del desarrollo y en definitiva el 25% no cree que la democracia sea indispensable para lograr el desarrollo.

Incluso entre aquellas personas que prefieren la democracia a cualquier otra forma de gobierno, el porcentaje de apoyo al autoritarismo es alto. Entre estos, el 41. 5% cree que el desarrollo económico es más importante que democracia; el 45% apoyaría a un gobierno autoritario si resuelve los problemas económicos y el 36% no cree que la democracia solucione los problemas del país.

Esto se debe en buena medida a que –irónicamente- mientras la región protagoniza uno de los más profundos procesos de transformación política, con dos décadas de gobiernos democráticos y un indudable ambiente de mayor libertad y democracia, al mismo tiempo, vive una de las peores crisis económicas de su historia, se profundiza la desigualdad e incrementa sus niveles de pobreza.

A pesar de la desaparición de las dictaduras militares y la conformación de gobiernos civiles en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Guatemala y el tránsito de regímenes autoritarios civiles a otros democráticos como en México, para el ciudadano latinoamericano, en este momento, parece claro que la democracia y la libertad no son factores suficientes para propiciar el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento permanente de los pueblos.

La decepción de la democracia es resultado de las consecuencias del reordenamiento mundial propiciado por la globalización entre las cuales se pueden contar las siguientes: El promedio regional del PBI per cápita no ha variado significativamente en los últimos veinte años, pues mientras en 1980, era de 3,739 dólares americanos (a precios de 1995) en 2000 apenas llegó a 3,952. Los niveles de desigualdad se incrementaron, pues en 1990 el coeficiente de Gini (3) era de 0.554 y para 1999 subió a 0.580 (cuando el promedio mundial para esa década fue de 0.381 y el de los países desarrollados 0.337) Asimismo en 1990, el ingreso del 10 por ciento de la población con más altos ingresos equivalía a 25.4 veces el ingreso del 10 por ciento de la población de menores ingresos. En 1999, esa relación fue de 27.5 veces. En 1997, el 20% de la población de la región de más altos ingresos recibió casi 55% del ingreso total, mientras que el 20% de menores ingresos, sólo recibió el 5%. De hecho la región posee los niveles de desigualdad más altos del mundo en la distribución del ingreso (4).

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (5) el desempleo afecta a 18 millones de personas, lo cual representa una tasa promedio de desempleo del 9.4%. Esta es la cifra más alta desde hace 22 años y se espera que para fines de año se ubique en el 10%. Como consecuencia, el trabajo en la economía informal representa ya el 50% del empleo formal. El mismo informe precisa que un tercio de los asalariados urbanos no cotizan en sistemas de seguridad social, en tanto que en el sector informal esta proporción sube hasta un 73%. El acceso a los sistemas de salud también es muy restringido pues dos tercios de la población económicamente activa (PEA) de la región están al margen de ese beneficio y los salarios mínimos reales han descendido en promedio un 1.5 por ciento de diez años a la fecha.

3. ¿DEMOCRACIA SIN DESARROLLO?

Vale la pena, entonces, preguntarse, ¿Por qué la democracia no ha traído el desarrollo? En este sentido es necesario precisar que esto se debe a que se ha asumido la preocupación liberal acerca de los procedimientos para alcanzar la libertad y se han desatendido las consecuencias que se derivan de esos procedimientos. Y así como el mercado y la tecnología son instrumentos para el desarrollo, -pero ninguno por si mismo dice para qué ni para quién, sino cómo- es necesario también darle contenido a la democracia, lo cual significa que una vez que se obtiene la libertad política, hay que utilizarla para lograr las transformaciones sociales que se requieren y que se desean.

Quienes hoy detentan el poder en América Latina han alcanzado resultados tan inequitativos o peores de los alcanzados por quienes gobernaron autoritariamente porque aún no gobierna la voluntad de las mayorías. Porque en la democracia los más poderosos económicamente tienen más posibilidades; porque si bien hay libertad para participar, los competidores son aún, muy desiguales: porque todavía existen estructuras que garantizan el poder de las élites nacionales. Y ese es un enorme obstáculo para conjugar desarrollo y democracia y una amenaza muy grande para cualquier proyecto antisistémico.

En este sentido, vale la pena recordar el planteamiento de Bobbio y reforzado por Bovero, respecto a que la democracia es un conjunto de reglas técnicas que se refieren a las competencias y procedimientos, que determinan la distribución lo mas equitativa posible del poder político para influir en las decisiones colectivas, pero estas reglas técnicas no dicen, (no pueden hacerlo) para que cosa va a ser usado el poder, que orientación política tendrá.

Es decir, en esencia, la democracia no tiene -como instrumento de reparto equitativo del poder- un contenido social específico, lo cual no quiere decir que no esté sustentada en una filosofía social. Por el contrario la democracia está fundada en la libertad formal, (del liberalismo) referida a la plena igualdad de derechos para todos los ciudadanos, ejercida en un sentido que la democracia se constituye en el instrumento mediante el cual todos los ciudadanos pueden libre e igualitariamente elegir, juzgar y expulsar del poder a sus gobernantes.

Pero son los partidos políticos, los candidatos, los gobernantes con su oferta política, con sus proyectos de gobierno, los que le dan sentido y contenido a la democracia. Son ellos quienes deciden para que va a ser usado el poder, que orientación política se le dará al Estado, qué ideal persigue, qué intereses, qué fines, qué aspiraciones Son ellos quienes tomarán las decisiones que beneficiarán o perjudicarán a la sociedad o a determinados grupos de manera distinta. Es decir, en todo caso, la democracia tiene que ver con las formas y no con los contenidos de las decisiones políticas.

Pese a ello, la democracia, como institución debe permite el control público de los gobernantes y su remoción por parte del pueblo y obtener de ellos, las reformas deseadas sin empleo de la violencia y aún a costa de la voluntad de ellos mismos. De modo que la democracia, es un mecanismo que sirve para proteger al pueblo del empleo incorrecto del poder político, por lo que la democracia debiera ser suficiente para asegurar que no existan desigualdades entre los ciudadanos. Sin embargo, ni la libertad formal en que se sustenta la democracia, ni la democracia misma, son suficientes para crear una sociedad justa porque, per se, no garantizan una sociedad igualitaria y justa.

La democracia, es, cuando más, el medio menos imperfecto para que la sociedad exprese sus deseos, aspiraciones, intereses y objetivos. Pero los electores no necesariamente van a encontrar en alguno de los candidatos participantes, uno que exprese y represente esos deseos, aspiraciones intereses y objetivos. Porque la oferta política, si bien recoge, esas aspiraciones, también responde (y casi siempre, mucho más) a los intereses de los grupos políticos y económicos que participan en la contienda electoral. Pero al elector no le queda de otra. Ante las opciones que tiene, o vota o se abstiene.

Por lo anterior, para avanzar en el proceso de desarrollo económico de un país es crucial la consolidación de la democracia, entendida no sólo como un instrumento para el reparto equitativo del poder, sino, de manera más amplia, como un proceso mediante el cual la sociedad, adquiere materialmente los medios para elegir gobiernos que propicien el progreso social y económico (en ese orden) y para revocarle el mandato a aquellos que no trabajen en ese sentido. Es decir, es necesario darle contenido social a la democracia.

Hasta hoy, democracia sólo ha significado respeto al voto, pero eso no garantiza el desarrollo y el progreso, porque la sociedad requiere garantías respecto a los participantes y calidad en los procesos de elección de las opciones por las cuales luego va a votar. Y aunque los partidos políticos tienen la obligación y el compromiso de que sus candidatos cumplan (al menos) con las expectativas de sus miembros y simpatizantes, lo cierto es que aún hay poca transparencia en ese asunto que es crucial para la consolidación de la democracia. Y lo es, porque esa falta de transparencia favorece la imposición de candidatos que representan intereses de grupos y no intereses sociales (o al menos de partido).

4. LA DEMOCRACIA COMO COMPETENCIA POLÍTICA.

Los sistemas electorales requieren tener mecanismos de regulación de la conducta de los participantes en los procesos electorales. En los últimos años, en México, ha habido un gran avance en este sentido, pero aún falta mucho por hacer, para garantizar una vida democrática plena y, sobre todo, para disfrutar de sus beneficios, que aún no se alcanzan a ver. Es decir, hay que perfeccionar la democracia.

Una competencia común, es un pacto entre competidores, que se sujetan a reglas y las respetan. Si alguien las violenta, puede ganar, de manera injusta, pero ello no tiene repercusiones sociales. En una competencia electoral, en cambio, las consecuencias de no respetar las reglas o de la inexistencia de las mismas, trae resultados funestos para la sociedad, porque esa competencia es el medio a través del cual se elige a los gobernantes.

El que alguno gane injustamente, es nocivo para la sociedad, porque ha habido una valoración inadecuada del votante, de las alternativas posibles y de cuál le conviene más, de cuál es mejor para él. Y ese resultado puede deberse a que el proceso electoral no le permitió conocer las alternativas en igualdad de circunstancias, porque las reglas no garantizaron esa igualdad.

En México hemos conocido ya este fenómeno cuando algunos aspirantes a puestos de elección popular, ante la ausencia de restricciones legales han incurrido en el ejercicio de prácticas que son abiertamente antidemocráticas y que impiden la realización de una competencia justa y equitativa. Estas son:

A) La elección de candidatos al interior de los partidos políticos,

B) Uso indiscriminado de montos y orígenes opacos de los recursos para participar en los procesos,

C) El inicio arbitrario de las campañas electorales, y

D) La participación de las esposas de los gobernantes en los procesos electorales.

A) La elección de candidatos al interior de los partidos políticos

Muchas prácticas autoritarias se han desterrado del sistema político mexicano, pero al interior de los partidos, aún prevalecen algunas -incluso, sancionadas legalmente en sus estatutos- que tergiversan y obstaculizan el avance democrático. Los Partidos políticos deben clarificar su relación con la sociedad y contribuir a mejorar el funcionamiento del Estado democrático-representativo.

Por ello se requiere una regulación de las elecciones internas, supervisadas en todos los aspectos por la autoridad electoral, para garantizar una competencia justa y que proteja a la sociedad, de las prácticas antidemocráticas, al interior de los partidos políticos; pues no hay que olvidar que éstos, constituyen el instrumento fundamental para la participación política de los ciudadanos, ya que por su conducto se integra y se ejerce la representación nacional, se manifiesta la voluntad popular y se hace posible el acceso de los ciudadanos, al ejercicio del poder público.

En la medida que las reglas de elección internas sean claras y justas y los procesos de elección, se apeguen a los principios y valores democráticos de una equitativa y justa competencia política, habrá un sistema político más democrático.

Es necesario establecer un conjunto de disposiciones legales de observancia obligatoria para todos los partidos, que –mediante técnicas comunes- garanticen y avalen la legitimidad e idoneidad de los candidatos de cada partido, de manera que estos, efectivamente, respondan a los intereses y voluntad de las bases partidistas y su elección no sea producto de la manipulación de grupos de interés. Es decir, las reglas y procedimientos internos de cada partido deben ser tales, que:

garanticen una justa y equitativa competencia política;
estén claramente definidas por la ley, y
sean iguales para todos.

Los partidos deben estar obligados a incorporar en sus estatutos estas reglas y ser sancionados en caso de que las violen. La autoridad electoral, por su parte, debe convertirse en una instancia que revise y apruebe los estatutos y que vigile que se cumpla la ley, sancionando a los infractores. Es decir, los procesos electorales internos, deben estar sujetos a un minucioso escrutinio público.

Estas disposiciones deberán referirse al menos a los siguientes aspectos:

a) Mecanismos de selección de candidatos;
Deben garantizarse procedimientos que permitan la participación amplia de las bases partidistas y que eviten, que la elección dependa de los dirigentes del partido o grupos de interés. Los partidos deben estar obligados a ofrecer la mejor opción en términos de capacidad, representatividad, coherencia ideológica y honestidad.

b) Períodos y condiciones de participación;
Deben quedar definidos claramente, los plazos en que los aspirantes a ser candidatos pueden hacer proselitismo para tal fin. Es indispensable establecer claramente cuales son los actos que se consideran proselitistas y que la autoridad electoral castigue su realización fuera de tiempo, impidiendo al infractor que siga participando. De igual modo, los participantes deberán de separarse de sus cargos de representación popular, de la administración pública y de sus partidos, para dejar en igualdad de condiciones a todos los aspirantes.

c) Financiamiento
Este es un aspecto crucial. Aquí es necesario que se establezcan montos máximos de dinero a invertir en las campañas y las fuentes de financiamiento aceptables. Es muy importante el énfasis que debe dársele a la limitación del uso de recursos privados en las campañas electorales internas, porque ello constituye un mecanismo que impide, que poderosos grupos económicos puedan manipular a su favor los procesos democráticos y sacar provecho de los compromisos que establezcan con los candidatos a cambio de su dinero.
Al no haber ningún control sobre los recursos que se manejan en las precampañas se abre la posibilidad de que quienes más dinero tienen sean los que ganen la representación de su partido y sean marginados aquellos con un mayor apoyo social y que representan mejor los objetivos programáticos e ideológicos del partido, pero que no tienen dinero. Ahí ya pueden empezarse a perfilar intereses de grupo ajenos a la sociedad y al cambio social que se requiere. Luego, la sociedad no tendrá más remedio que votar por esas opciones y el daño a la democracia estará hecho.
Entre más limitados sean los recursos privados, más igualdad de condiciones en la competencia y más garantías para la sociedad de la legitimidad del candidato. La sociedad pierde y se estanca la democracia, si los procesos electorales internos no quedan libres de estas amenazas que genera el uso excesivo de dinero privado.

d) Mecanismos de impugnación y sanciones.
Deben existir también, mecanismos de impugnación y sanciones específicas para la violación a las reglas de elección internas. Ello implica que la autoridad electoral tenga capacidad de fiscalización y sanción sobre los partidos políticos y ejerza una permanente vigilancia sobre ellos en materia de sus procesos electorales para permitir que haya posibilidades de impugnar la violación a las garantías mínimas y sanciones a las mismas.

B) Uso indiscriminado de montos y orígenes opacos de los recursos para participar en los procesos.

La democracia tiene riesgos para las sociedades que la practican y para los individuos que componen esas sociedades. Como he dicho antes, en tanto instrumento de reparto equitativo del poder, la democracia es un concepto sostenido por una filosofía liberal, fundado en la libertad formal que considera que existe plena igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Derechos que, al ejercerse, permiten que todos los ciudadanos puedan libre e igualitariamente elegir, juzgar y expulsar del poder a sus gobernantes. Sin embargo, las sociedades que practican la democracia no pueden garantizar que este ideal se cumpla tal como se encuentra planteado. Básicamente porque no son sociedades igualitarias. Y esto es mas cierto en la medida que nos referimos a sociedades con menores niveles de desarrollo económico, porque entre más pobre es una sociedad, más profunda es la desigualdad económica entre sus integrantes. Por esto, la posibilidad de la democracia de desempeñarse como instrumento de reparto equitativo del poder es mucho más difícil en estas sociedades, pues cuanto mayores sean las desigualdades económicas entre los individuos, mayor será la desigualdad de oportunidades de participar en los mecanismos de participación política; porque para participar en política, se necesita dinero. Ya sea para fundar un partido político, para lanzar un candidato a un puesto de elección popular, para llevar a cabo una campaña electoral, para movilizar contingentes de partidarios, etc. En una palabra sin dinero no se puede hacer política. Es cierto, que los gobiernos otorgan recursos a los partidos políticos y establecen topes máximos a los gastos de campaña, pero aún así, eso no es suficiente. No lo es porque de todos modos esos recursos sirven para quienes ya están organizados en un partido político y no para la organización de los mismos, por ejemplo.

La profunda desigualdad económica que vive nuestro país permite que sólo unos cuantos se beneficien de la apertura democrática, en términos de la participación directa. Es decir, cuando las posibilidades de competencia política se abren, quienes las aprovechan son aquellos que tienen más recursos económicos. Los verdaderos beneficiarios de la democracia serían los grupos políticos y económicos más fuertes y poderosos que normalmente no expresan aspiraciones socialmente deseables sino intereses particulares o de grupo socialmente indeseables. Y sin embargo, ello es legal y democrático. Así, en la medida que sea mas fuerte el poder económico de cada uno de ellos o más amplia su organización (no mas justo o más noble su proyecto) en esa misma medida tendrán una mayor capacidad para contender con éxito en los procesos electorales. Y aunque no representen los intereses, aspiraciones y objetivos de la mayoría de la sociedad, serán lo que tendrán mayores posibilidades de ganar.

Se supone que la competencia democrática debe beneficiar a la sociedad en su conjunto porque existe una mayor oportunidad para buscar al candidato que represente mejor los intereses de cada grupo o clase social. Sin embargo los electores no necesariamente van a encontrar en alguno de los candidatos participantes uno que exprese y represente esos deseos, aspiraciones intereses y objetivos. Porque la oferta política, si bien puede ser que recoja las aspiraciones sociales, antes responde, de manera más importante, a los intereses de los grupos políticos y económicos que participan en la contienda electoral. Por ello, podría darse el caso de que lo que para la sociedad es justo y deseable, no este expresado por ningún candidato contendiente, ni -por derivación- en el proyecto del gobierno de quien resulte ganador. Porque el poder sirve para constituir un gobierno que sostiene y crea nuevas reglas, normas e instituciones que rigen a la sociedad en el orden económico, político y social.

Así, el riesgo de la democracia, en una sociedad desigual como la mexicana consiste en el hecho de que no es (al menos todavía) un verdadero instrumento de reparto del poder, porque no propicia un reparto equitativo, en términos de que quien gobierne represente realmente las aspiraciones de las mayorías. Si la democracia opera en este sentido existe una alta probabilidad de que se imponga un proyecto ajeno a los intereses de las grandes mayorías.

Desde luego, la ausencia de democracia no es la alternativa, porque la democracia es el único medio posible para poner en manos de los gobernados el poder político, que, a su vez es el instrumento que les otorga el control del poderío económico. Sin democracia un gobierno no utilizará el poder político y económico para la protección de la libertad e igualdad de los ciudadanos. La ausencia de democracia permite al gobierno manipular las normas e instituciones a su antojo (hasta el extremo en que ponga en riesgo la viabilidad misma del Estado-nación)

Lo que se requiere es un perfeccionamiento de la democracia de modo que el acceso a la participación política sea realmente en igualdad de condiciones para que el reparto del poder sea realmente equitativo. Por ello es muy importante considerar la posibilidad de que sólo exista el financiamiento público y se elimine el privado (como me sugiere el político español Teodoro Luke). Para ello, los partidos deberían destinar una parte de sus prerrogativas al financiamiento de sus campañas internas. Incluso esto haría más democrático el proceso, porque de otro modo, sólo participan los que tienen fondos propios para financiarse.

El asunto del financiamiento privado, es muy delicado, pues aunque existen topes y mecanismos de fiscalización, en la práctica se ha observado que grandes grupos económicos han invertido su dinero a cambio de obtener beneficios de los gobiernos que ganan las elecciones gracias a ese dinero.

Es decir, la existencia de financiamiento privado constituye un mecanismo a través del cual, los fines sociales de la democracia se puede perder de manera definitiva, (en la medida en que ésta se pone al servicio de quienes detentan el poder económico) y, por tanto, propicia gobiernos sin compromiso ni responsabilidad social. Por estas razones, es necesaria la limitación del uso de fondos privados en las campañas y precampañas electorales. Entre más limitados sean los recursos privados, más igualdad de condiciones en la competencia y más garantías para la sociedad de la legitimidad del candidato.

Además, se requieren mejores controles, para evitar la proliferación de partidos sin representatividad e impedir que los recursos sean usados de manera indiscriminada por los propios partidos, que es lo que ha convertido a la política en un negocio (sucio) muy rentable.

Se ha dicho y es cierto, que el gobierno gasta mucho en sostener un sistema de partidos ineficiente y corrupto. Por ello se requiere revisar los montos que se otorgan para ajustarlos a las necesidades reales, pero también se requieren medios de fiscalización más eficientes y sobre todo, normas que impidan la existencia de partidos creados para lucrar y para ello hay que cambiar los requisitos para la creación de un partido, exigiendo más miembros para su aceptación y sobre todo, requiriendo un mayor porcentaje de votos para su permanencia; eso bajaría enormemente el costo del sistema de partidos. Quitar el financiamiento público y dejar sólo el privado (como se ha propuesto) abriría las puertas a la dictadura de las élites económicas y profundizaría el subdesarrollo.

C) El inicio arbitrario de las campañas electorales.

La falta de reglas en el sentido de definir el inicio de campañas y precampañas electorales y la decisión arbitraria de cada partido y/o candidato para iniciarla, altera la equidad de una competencia democrática, en virtud de que quien inicia antes que los demás, se posiciona mejor en el mercado político -a través de la mercadotecnia que se utiliza para estos casos y-aún peor- con recursos monetarios que son desconocidos en monto y origen y que no están sujetos a fiscalización por las autoridades electorales.

En nuestro país se ha hecho un gran trabajo por regular los procesos electorales, estableciendo reglas claras de participación; que dan certidumbre a quienes compiten y a quienes votan. Y estas reglas se sustentan en la idea de que la legitimidad de una elección radica en la existencia de condiciones de competencias justas y equitativas. De hecho la democracia misma, se fundamente en la existencia de reglas técnicas que prescriben la distribución más equitativa del poder, de modo que, en los procesos de elección colectiva, no exista la posibilidad de que alguno de los participantes obtenga ventajas sobre otros que no sean las de su oferta política y su capacidad para el cargo al que se aspira.

Esto significará que todos deben empezar al mismo tiempo y que habrá un tope máximo de recursos socialmente razonable a utilizar por cada uno, es decir, que las fuerzas estarán equilibradas, para que no haya competencia desleal. Los adelantados en los procesos electorales, en realidad no violentan la ley, pero contaminan de manera grave los procesos electorales porque dejan la sensación de una competencia inequitativa.

Esto es resultado de enormes lagunas legales en torno a las campañas políticas, lo cual altera los principios fundamentales sobre los cuales debe darse la competencia democrática en los procesos electorales.

Es necesario actuar con transparencia y rectitud para darnos un mejor modo de vida todos, si los aspirantes pueden ser buenos gobernantes, que lo decida la sociedad en igualdad de condiciones y no mediante procesos que no contribuyen al desarrollo de nuestro estado.

D) La participación de las esposas de los gobernantes en los procesos electorales.

La abierta y cada vez más amplia participación de las esposas de quienes detentan un cargo público de elección popular, en los procesos electorales, ha abierto una discusión muy importante respecto a un conjunto de vacíos y omisiones legales que hay que cubrir y resolver urgentemente en nuestro país.

En el manejo de los recursos públicos es donde está lo más grave de toda la situación. Teniendo todo el poder y atribuciones que da ser un familiar tan cercano de un funcionario público con cargo de elección popular y manejando un enorme caudal de recursos públicos que son aplicados en ámbitos de mucha sensibilidad y respuesta social, el uso de esos recursos se convierte en un instrumento fundamental para la creación de un capital político impresionante, pero que no debería de ser usado para una contienda electoral, porque implicaría una inequidad muy grande entre los participantes, porque nadie tiene más capacidad para obtener ese capital político salvo un político en funciones o su esposa. Evidentemente, el primero no lo puede utilizar porque está prohibida la reelección, pero ¿Quién se lo prohíbe a la esposa? ¿Quién impide que con recursos públicos ella desarrolle toda una campaña a favor de su personalidad que luego puede utilizar para competir con ventaja por cualquier cargo de representación popular?

La democracia implica equidad entre los contendientes. La participación de familiares va en contra de esa equidad y por tanto es antidemocrática.

5. DESIGUALDAD, DESINTEGRACIÓN SOCIAL Y CONSENSOS

Uno de los grandes problemas que enfrenta hoy nuestro país, es la imposibilidad de crear los consensos necesarios entre las fuerzas políticas actuantes, para definir un proyecto de nación incluyente, es decir, en donde todos encuentren la posibilidad de alcanzar un nivel de vida digno y una forma de mejoramiento permanente del mismo.

Esta incapacidad para crear consensos necesarios no debe ser atribuida a una falta de voluntad política de los distintos partidos o grupos políticos que por afanes electorales se oponen a ceder en sus posiciones para negociar. Evidentemente que estos influyen, pero lo que primordialmente cuenta para los políticos y sus partidos es la defensa de los intereses, de los sectores sociales que representan y las reivindicaciones que puedan obtener para ellos; y no hay que olvidar que ésta es la forma más segura de crear un capital político.

Lo que enfrenta a las fuerzas políticas es el hecho de que la sociedad sea desigual; ello explica por qué los distintos sectores sociales, tienen y persiguen intereses diferenciados y -en la mayoría de los casos- en contradicción con los de los demás.

Evidentemente, entre mayor sea la desigualdad económica y social existente en un país, mayor será la diferencia y la distancia entre los objetivos de los grupos sociales y mayor la posibilidad de que estos no coincidan entre si; es decir, mayor es la dificultad para crear consensos sobre objetivos comunes.

Desde los ochentas México ha estado sujeto a un proceso de profundización de la desigualdad. Durante esos años en el país se ha acrecentado la pobreza y la concentración del ingreso y la riqueza; y las oportunidades de mejoramiento se han ido cerrando de modo permanente, debido a la dramática reducción de la “capilaridad social” entendida como “la posibilidad de que los individuos de las capas bajas de la sociedad, puedan ascender hacia niveles superiores” Con ello las expectativas de mejoramiento social se han deteriorado altamente.

Hoy la sociedad mexicana es más desigual que hace 24 años, lo cual se explica por la insuficiencia del empleo, dado por el estancamiento económico, las reformas económicas neoliberales y la globalización. Pero también, debido a la profunda disminución de los salarios reales, que ha sido el mecanismo mediante el cual se han compensado las deficiencias tecnológicas y organizacionales del país para crear competitividad en el exterior.

La desigualdad ha provocado un proceso de fragmentación social, desintegrando a la sociedad y propiciando una profunda ruptura política entre todos los mexicanos, que entre más desiguales son, más fragmentados y desintegrados están; y por ello mismo, sus intereses se han vuelto más divergentes, aumentando el grado de conflictividad política y el riesgo de ingobernabilidad. El problema es que hay una enorme carencia de instrumentos democráticos para generar los consensos políticos necesarios.

En el pasado, la conflictividad política fue manejable porque la desigualdad económico-social no era tan grande y manifiesta; y porque existían los mecanismos para disminuirla, ya que el Estado autoritario tenía los instrumentos para crear los consensos, que eran, a la vez, los mismos que disminuían la desigualdad. Había, efectivamente, una integración de todos los “interlocutores políticos” en un proyecto de nación incluyente, que estaba guiado y representado por el llamado “Estado Social”, la cual no se lograba ni primordial ni exclusivamente, mediante la coerción, sino a través del consenso y el beneficio social a las masas.

Hoy el país se encuentra en una situación de crisis orgánica, que es una situación caracterizada por la pérdida de la capacidad de dominación política y gobierno mediante consensos, beneficios sociales y unidad ideológica. Momento éste en el que las clases dominantes, no pueden o no saben (o ambas cosas) cumplir con su función económica e ideológica y no sirven más como impulsoras de la sociedad.

Es necesario crear los mecanismos democráticos que permitan crear los consensos cubriendo los vacíos que dejó el Estado autoritario y que el gobierno democrático no ha sabido llenar, lo cual requiere una comprensión adecuada, de las desigualdades sociales existentes y de los objetivos de cada grupo social. Un discurso simplista, que reduzca todo a la mala voluntad de los actores políticos, a sus intereses mezquinos no permitirá ningún avance en este sentido

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES:

El desarrollo de un país (entendido como la reducción de la pobreza y la solución de otros problemas económicos y sociales) depende fundamentalmente del fortalecimiento de la democracia y el goce de otras libertades políticas, ya que en una sociedad democrática, con elecciones y libertad de prensa, los gobiernos tienen incentivos para mejorar la calidad de vida de la población y salvaguardad la libertad para evitar la desnutrición, la muerte por hambre y en general la desigualdad y la injusticia social. En este sentido la democracia ofrece una contribución instrumental, muy importante, pues desempeña el papel de mecanismo que incrementa las posibilidades de los individuos para expresar y defender sus demandas de atención política y su capacidad para provocar una respuesta social para que se satisfagan sus necesidades económicas.

El hecho de que los gobiernos actúen a favor del mejoramiento del bienestar de la sociedad depende de las presiones que se ejerzan sobre ellos. Por ello es importante que existan libertades políticas como votar, criticar, protestar, etcétera. Habiendo democracia los gobiernos y los gobernantes, tienen incentivos políticos para escuchar lo que quiere la sociedad porque tienen que hacer frente a sus críticas y buscar su apoyo en las elecciones.

La democracia se alimenta de la existencia de otras libertades, como las sociales, que incluyen el acceso a los sistemas de educación pública y permiten a las personas, participar eficazmente en las actividades políticas y cuya carencia obstaculiza la participación política.

A pesar de las virtudes de la democracia y del consenso generalizado respecto a sus bondades, México y Latinoamérica toda, viven el desconsuelo y la decepción de la democracia y una gran desconfianza respecto a su capacidad para remediar los males sociales y garantizar el progreso. Esto se debe en buena medida a que aún con dos décadas de gobiernos democráticos y un indudable ambiente de mayor libertad y democracia se vive una de las peores crisis económicas de la historia, producto del reordenamiento mundial propiciado por la globalización. Vale la pena, entonces, preguntarse, ¿Por qué la democracia no ha traído el desarrollo? Lo que remite a considerar que la democracia es un conjunto de reglas técnicas que se refieren a las competencias y procedimientos que determinan la distribución equitativa del poder político para influir en las decisiones colectivas, las cuales no dicen para que va a ser usado el poder. Es decir, la democracia no tiene un contenido social específico. Por tanto, para que la democracia sea útil al desarrollo, se requiere darle contenido social, lo cual significa que debe ser utilizada para realizar las transformaciones sociales que la sociedad requiere y desea.

Esto requiere la consolidación de la democracia, como un proceso mediante el cual la sociedad, adquiere materialmente los medios para elegir gobiernos que propicien el progreso social y económico y revocarle el mandato a aquellos que no trabajen en ese sentido. Para tal fin se requiere que los sistemas electorales tengan mecanismos de regulación de la conducta de los participantes en los procesos electorales.

En los últimos años, en México, ha habido un gran avance en este sentido, pero aún falta mucho por hacer, para garantizar una vida democrática plena. Es decir, hay que perfeccionar la democracia en el sentido de resolver el problema de la inexistencia o inexactitud de las leyes que no garantizan la equidad entre los participantes. Ante la ausencia de restricciones legales los competidores realizan prácticas abiertamente antidemocráticas (aunque legales) que impiden la realización de una competencia justa y equitativa. Estas son:

A) La elección de candidatos al interior de los partidos políticos

B) Uso indiscriminado de montos y orígenes opacos de los recursos para participar en los procesos electorales.

C) El inicio arbitrario de las campañas electorales y

D) La participación de las esposas de los gobernantes en los procesos electorales.

RECOMENDACIONES

Para consolidar la democracia e impedir de manera definitiva la existencia de estas prácticas antidemocráticas es necesario establecer un conjunto de disposiciones legales de observancia obligatoria para todos los partidos que se expresen a través de una Ley de Partidos políticos que permita a los partidos políticos clarificar su relación con la sociedad y contribuir a mejorar el funcionamiento del Estado democrático-representativo.

Esta ley deberá contener reglas en el sentido que se expresa enseguida:

1.- Los procesos electorales internos de los partidos políticos, deben estar sujetos a un minucioso escrutinio público en cuanto a:

a. Mecanismos de selección de candidatos: Al interior de los partidos aún prevalecen prácticas autoritarias para la designación de sus candidatos y dirigentes -incluso, sancionadas legalmente en sus estatutos.

Por ello se requiere una regulación de las elecciones internas, mediante el establecimiento de conjunto de disposiciones legales de observancia obligatoria para todos los partidos y supervisadas en todos los aspectos por la autoridad electoral, para que –mediante técnicas comunes- se garantice y avale la legitimidad de los candidatos y su elección no sea producto de la manipulación de grupos de interés.

Los partidos deben estar obligados a incorporar en sus estatutos estas reglas y ser sancionados en caso de que las violen. La autoridad electoral, por su parte, debe convertirse en una instancia que revise y apruebe los estatutos y que vigile que se cumpla la ley, sancionando a los infractores.

b. Períodos y condiciones de participación;

La ley debe definir claramente, los plazos en que los aspirantes a ser candidatos por un partido pueden hacer proselitismo para tal fin.

Establecer claramente cuales son los actos que se consideran proselitistas y que la autoridad electoral castigue su realización fuera de tiempo, impidiendo al infractor que siga participando.

Los participantes deberán de separarse de sus cargos de representación popular, de la administración pública y de sus partidos, para dejar en igualdad de condiciones a todos los aspirantes.

c. Financiamiento: Este es un aspecto crucial. Aquí es necesario que se establezcan

montos máximos de recursos a invertir en las campañas y las fuentes de financiamiento aceptables. Particularmente, la limitación del uso de recursos privados en las campañas electorales internas.

d. Mecanismos de impugnación y sanciones:

Crear mecanismos de impugnación y sanciones específicas para la violación a las reglas de elección internas.

Que la autoridad electoral tenga capacidad de fiscalización y sanción sobre los partidos políticos y ejerza una permanente vigilancia sobre ellos en materia de sus procesos de electorales para permitir que haya impugnaciones a la violación a las garantías mínimas y sanciones a las mismas.

2.- Debe definirse el monto y origen de los recursos en los procesos electorales.
Se requiere el acceso a la participación política sea realmente en igualdad de condiciones para que el reparto del poder sea realmente equitativo. Por ello es muy importante establecer:

El uso exclusivo de financiamiento público y la eliminación del privado.
Los partidos deberán destinar una parte de sus prerrogativas al financiamiento de sus campañas internas.
Crear normas para evitar la proliferación de partidos sin representatividad e impedir que los recursos sean usados de manera indiscriminada, ello requiere normas que impidan la existencia de partidos creados para lucrar y para ello:
cambiar los requisitos para la creación de un partido, exigiendo más miembros para su aceptación
exigir un mayor porcentaje de votos en los procesos electorales que participe, para su permanencia;
revisar los montos que se otorgan para ajustarlos a las necesidades reales,
medios de fiscalización más eficientes para detectar desvíos de recursos para usos distintos a los de la consolidación del sistema de partidos.

3.- Debe definirse expresamente el inicio de las campañas electorales.
La falta de reglas en este altera la equidad de una competencia democrática.

Esto significara que todos deben empezar al mismo tiempo, es decir, que las fuerzas estarán equilibradas, para que no haya competencia desleal. En este sentido se requiere:

definir con toda claridad el momento de inicio de las campañas electorales y supervisar su cumplimiento y reducir el tiempo de duración de las campañas.

4.- Debe prohibirse la participación de las esposas y familiares en los procesos electorales.
La democracia implica equidad entre los contendientes. La participación de esposas y familiares va en contra de esa equidad y por tanto es antidemocrática, porque manejan un enorme caudal de recursos públicos que son aplicados en ámbitos de mucha sensibilidad y respuesta social, lo que les da una enorme ventaja sobre cualquier competidor. Para evitar esto se requiere:

Prohibir la participación de los cónyuges y parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o por afinidad en los procesos electorales que se celebren en el transcurso del ejercicio del cargo público del funcionario, ni en el inmediato posterior a la finalización de su encargo.

Notas

Amartya Sen, Desarrollo y libertad, Ed. Planeta, México, 2000.
Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), La democracia en América Latina, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A., Buenos Aires, 2004.
El índice Gini, es un índice de concentración de la riqueza, Su valor estará entre cero y uno. Más próximo a uno significa una mayor concentración de la riqueza; más próximo a cero, más equitativa es la distribución de la renta en ese país.
PNUD, La democracia en América Latina, Op. Cit.
Organización internacional del Trabajo (OIT) Tendencias mundiales del empleo, 2003, OIT, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2003.