Francisco Domínguez Canseco

Foro Sobre Gobernabilidad

Francisco Domínguez Canseco

La palabra gobernabilidad tiene 2 acepciones. La primera, que es una deformación de su significado real, consiste en que el titular del Poder Ejecutivo pueda hacer lo que quiera, sin que im¬porte si es bueno o malo ni que perjudique al pueblo, debido a que cuenta con la complacencia, y hasta sumisión del Poder Legislativo porque la mayoría absoluta de los Diputados pertenecen a su Partido (del Gobernador o del Presidente de la República) y son sus incondicionales.

La segunda, que bien podría denominarse gobernabilidad democrática, existe cuando el Poder Legislativo, ya sea porque el Gobernador o el Presidente de la República no tiene mayoría de Diputados de su Partido, o porque los Legisladores, aunque pertenezcan al mismo Instituto Político que quien detenta el Poder Ejecutivo, son verdaderos representantes del Pueblo, defienden los intereses de éste, no son sumisos ante el Gobernante pero tampoco se dedican a hacerle la vida imposible oponiéndose a todo, y por añadidura aprueban sin titubeos lo que conviene a sus representados.

Lo deseable es que el Poder Legislativo sea un contrapeso razonado y propositivo del Poder Ejecutivo. Tan malo es un Diputado opositor a ultranza como otro dócil, un mero pelele.

La relación entre ambos Poderes debe ser de respeto recíproco, basada en que están en el mismo nivel, y de colaboración, que por cierto jamás ha existido en el Estado de Veracruz.

La próxima Legislatura, que será la LX, ya es histórica hoy, pues por primera vez el Gobernador del Estado, quien quiera que sea, no contará con una "aplanadora legislativa" que imponga a los otros Diputados la fuerza de su número, que no la fuerza de la razón. El titular del Poder Ejecutivo deberá tener excelentes operadores políticos que cabildeen con inteligencia, mesura y profesionalismo con los Diputados de los otros grupos parlamentarios.

Los veracruzanos esperamos mucho de los Diputados Locales entrantes, ojalá su desempeño corresponda a nuestras expectativas.

En 15 minutos de exposición no se puede decir mucho de las leyes que hay que reformar, pero cuando menos precisaré que se requiere una revisión exhaustiva de la Constitución local, del Código Electoral, de la Ley Orgánica y del Reglamento Interior del Poder Legislativo Veracruzano.

La transparencia en el manejo de los recursos públicos, y la correcta rendición de cuentas, se darán en beneficio de todos los veracruzanos en el preciso momento en que el Poder Legislativo cumpla a cabalidad su labor de fiscalización, lo que nunca ha hecho por el predominio que siempre existió de los Diputados Locales del P.R.I.

Termino con la siguiente reflexión: Aunque a veces parecerá lento e ineficiente el trabajo legislativo de los Diputados Locales entrantes, será mejor, mucho mejor, que cuando todo dependía de un solo hombre: El Gobernador del Estado.

Algunas características para crear instituciones democráticas. Para democratizar Veracruz y sus instituciones debemos promover

  1. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
  2. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
  3. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
  4. DEMOCRACIA ELECTORAL
  5. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y RESPECTO A LA LEY
  6. LA EQUIDAD DE GENERO
  7. DESARROLLO SUSTENTABLE

Son características básicas de cualquier sociedad que busque ser democrática, en nuestro caso Veracruz es un estado con muchos rezagos sociales y con una vida democrática muy pobre, de esas cinco características ninguna cumple.

Propuestas

Que se reforme la Ley Federal de Radio y Televisión, para asegurar el acceso de las comunidades a las frecuencias de radio y televisión. Es necesario que otorguen permisos para la operación de Radios Comunitarias Veracruz. Y ciudadanización de la Radio y Televisión de Veracruz para garantizar su democratización en contenidos de programas y noticieros.

  1. Legislar a favor de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado y los Municipios de Veracruz que haga efectivo el derecho humano universal de acceso a la información pública. Y reformar la Constitución Estatal de Veracruz para agregar al artículo 6° el derecho de acceso a la información pública gubernamental:
    1. Que la Ley obligue a las dependencias del gobierno estatal, los poderes judicial y legislativo, ayuntamientos, organismos constitucionales autónomos y a las entidades de interés público a hacer pública y de manera permanente toda la información de que dispongan, salvo aquella que se considere reservada. La cuenta pública debe difundirse y estar al alcance de cualquier ciudadano(a).
    2. Que la Ley ordene la constitución de un instituto de carácter ciudadano que será responsable de garantizar el derecho de acceso a la información, para lo cual deberá estar dotado con personalidad jurídica, autonomía patrimonial, de operación y de decisión. Deberá conducirse con austeridad, por lo que los salarios de los integrantes y su personal no serán onerosos al erario público y serán acordes a la realidad económica del estado. La Ley debe garantizar la confidencialidad de la información que sea parte de una averiguación penal y de los datos personales correspondientes a la intimidad, privacidad y dignidad de las personas.
  2. Mecanismos permanentes para fiscalizar y transparentar el origen y el destino de los recursos públicos y privados que manejan los partidos políticos. Obligar mediante la ley a los partidos políticos a hacer públicos los gastos de campaña, a la mitad de la misma y antes de que termine el proceso electoral en que participan. Otorgarle al IEV facultades para fiscalizar las finanzas de los partidos políticos. Que la ley electoral obligue a los partidos políticos a publicar sus estados financieros, auditorias y nóminas de personal y dirigentes partidarios, de manera mensual.
  3. Garantizar que el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) sea un organismo ciudadanizado, autónomo del gobierno estatal y los partidos políticos, asegurando que la conformación de su consejo general sea mediante convocatoria pública expedida por el congreso local y con propuestas de los organismos ciudadanos y no a través de las representaciones de los partidos políticos.
  4. Reconocimiento legal a la candidaturas ciudadanas o independientes y retiro de los candados que obstruyen la formación de agrupaciones ciudadanas.
  5. Reconocimiento legal para la creación de asociaciones políticas ciudadanas estatales, regionales y municipales. La ley debe fomentar su existencia con requisitos flexibles.
  6. Reconocimiento legal a la participación de los indígenas en los ámbitos de toma de decisiones del gobierno que afecten directamente a sus territorios. Legalizar las formas de elección y representación en las comunidades y municipios indígenas.
  7. Reformar la ley No.76 del referendo, plebiscito e iniciativa popular, para garantizar que la consulta sea un mecanismo democrático por medio del cual los ciudadanos y los ayuntamientos puedan hacer propuestas sobre cualquier tema de la vida política. Incluir la posibilidad de la revocación del mandato de las autoridades por la vía del plebiscito.
  8. Prohibir las precampañas políticas.
  9. Castigar con penas más severas a los delincuentes electorales.
  10. Reglamentar el uso de los medios de comunicación en los procesos electorales. En el caso de las televisoras y radiodifusoras, limitar el tiempo asignado a los partidos políticos a los que compre el estado, a través del IEV. Se debe abolir la compra de tiempo para propaganda política en los medios electrónicos.
  11. Disminuir prerrogativas a los partidos políticos y los tiempos de campañas electorales.
  12. Legislar sobre la realización de la segunda vuelta para la elección de gobernador del estado cuando ningún candidato alcance el 50% más uno de la votación.
  13. Garantizar la inclusión de mujeres en los cargos de elección popular del congreso del estado y los ayuntamientos, como propietarias y no sólo como suplentes. Ciudadanización de todos los organismos públicos autónomos. Que los integrantes de los consejos de estos organismos sean ciudadanos sin filiación política partidaria ni empleo en el gobierno o cargo en los últimos seis años.