Gobernabilidad y transparencia en Veracruz: ¿Existe una clase política a la altura de los nuevos tiempos?

Emilio Cárdenas Escobosa

En el escenario político que dejaron las elecciones del 5 de septiembre, además de una nueva correlación de fuerzas hasta hace poco inimaginable, hoy se aprecia en toda su dimensión una feroz lucha entre los grupos de poder que es resultado de un ingrediente al que no estaban acostumbrados: la ausencia de certezas.

Ausencia de certezas que en otros tiempos y circunstancias eran impensables a estas alturas del partido, aparecen hoy como elemento que atiza la crispación, el desánimo, los afanes de revancha, la búsqueda de culpables y la sorda lucha entre facciones de las élites políticas que no acaban de entender en qué estaban pensando los veracruzanos aquel domingo de septiembre cuando fuera de todos los pronósticos les dejaron este escenario tan difícil de asimilar.

Compañero de la falta de certezas es el miedo a lo desconocido. Miedo a perder poder, a ser desplazados, a que se les ensombrezca el futuro, a que el nuevo equilibrio de poderes derive en indagaciones sobre negocios al amparo de los cargos públicos, a que surjan nuevos actores y emerjan disidencias importantes en los partidos, a que lleguen a la administración estatal las caras nuevas que tanto se han anunciado. Miedo, incomodidad o franca molestia de muchos de los miembros de la clase política tradicional, de todos los signos ideológicos, a cuyos pasivos se debe abonar, sin duda, el descrédito que entre los jóvenes y buena parte de los veracruzanos tiene la actividad política.

¿Qué les inquieta a algunos? ¿Que la sociedad participe de manera directa en la evaluación de la gestión de los políticos, a que se transparenten espacios y sectores de la administración pública estatal y municipal que han sido celosamente guardados?

¿A que rindan cuentas reales a sus militantes las dirigencias de los partidos políticos? ¿A que los ciudadanos sepan cuánto ganan los funcionarios públicos, cómo administran los recursos que les son confiados y la manera en que se otorgan contratos y concesiones? ¿A que se abran las cuentas y sepamos cuánto nos cuestan realmente la difusión de la actividad gubernamental y las campañas políticas?

Son interrogantes sobre algunos temas y asuntos de la actividad pública que hasta ahora se han manejado en la más absoluta opacidad.

Ese es el signo distintivo de los días que corren y que explican las sobre reacciones de los grupos de poder y que han dado lugar a desatinos, encono y polarización que en muy poco ayudan a generar condiciones para la construcción de acuerdos para la gobernabilidad.

Hay zozobra en muchos y nerviosismo en otros ante la incertidumbre democrática.

Si hay un hecho cierto es que la nueva correlación de fuerzas que dejó la elección del 5 de septiembre abre la puerta a que en un esquema de pesos y contrapesos accedamos al fin a un régimen en el que la transparencia y la rendición de cuentas sean norma de conducta de los gobernantes, a que se cuiden las manos unos a otros y a que el ciudadano pueda estar vigilante del buen uso y destino de los recursos públicos.

Lo que quiere simple y llanamente el ciudadano de a pie es que los cargos públicos no sean vistos como un botín de guerra y que se gobierne con apego a la ley. Que los servidores públicos sean eso y que no busquen acceder al poder público para atender exclusivamente su interés personal o el de sus camarillas.

Que se dignifique el ejercicio de la actividad política es la divisa, porque mientras observamos los afanes de las élites por el reparto del pastel, la sociedad veracruzana, después de haber ido a votar, mantiene sus preocupaciones de siempre: el desplome de su calidad de vida, el galopante desempleo, la falta de oportunidades de trabajo e ingreso remunerador a los jóvenes y las mujeres, el abandono del campo, el deterioro de los sistemas de salud y de educación, entre un amplísimo catálogo de demandas que, desde luego, fueron incluidas en la oferta política que hicieron los candidatos y que están ahí a la espera de que los grupos de poder se pongan de acuerdo.

Aquí surge algunas interrogantes sobre las lecciones de la elección del 5 de septiembre: ¿realmente se entendió el mensaje de esa ciudadanía que irrumpió en las urnas en esa jornada memorable? ¿Se han detenido a reflexionar los políticos de todos los signos, por encima de sus intereses inmediatos de cuotas de poder, sobre lo que la gente espera de sus gobernantes?

A juzgar por la encarnizada lucha por las posiciones en la próxima administración, en los ayuntamientos y por el control del Congreso del Estado que protagonizan las fuerzas políticas podría decirse que no, que siguen imperando los resortes de siempre. Como si nada hubiera ocurrido y el mandato de los veracruzanos no fuera lo suficientemente claro, por lo visto hasta ahora los políticos siguen estando muy por debajo de lo que se esperaría de ellos en esta hora tan singular para Veracruz.

La complejidad del escenario político requiere de actores políticos y líderes a la altura de las circunstancias. De profesionales de la política, de representantes de la sociedad civil, de voluntades que quieran realmente contribuir a prestigiar esa actividad.

A Veracruz ya no le sirven más los políticos reactivos a la rendición de cuentas y a que la sociedad les exija resultados tangibles. A Veracruz ya no le sirven los políticos que pelean con uñas y dientes por los cargos públicos y que sólo buscan servirse a sí mismos.

Al ejercicio de la actividad política le degrada el que hayan cobrado carta de naturalización conceptos tales como “el mercado de los votos en los Congresos”, el político pobre que es un pobre político”, “el error de vivir fuera del presupuesto”, entre muchas frases que parecen ser norma de conducta para muchos.

La exhibición que dieron en las campañas y la que siguen dando en los días recientes y lo que seguramente falta de aquí al 1 de diciembre, muestra en toda su dimensión el abismo que separa los intereses de los políticos del legítimo interés de la sociedad.

Ante ese poco alentador panorama, ¿cómo encontrar los puntos mínimos para llevar a cabo un gran acuerdo estatal para la gobernabilidad democrática, la transparencia y la rendición de cuentas?

De seguir las cosas al ritmo que van, cuando brillan por su ausencia la mesura, la prudencia política, la propuesta inteligente, el ánimo dialogante, es previsible que entremos a un largo túnel de enfrentamientos entre poderes, de ajustes de cuentas, de ánimos facciosos y beligerantes que buscarán reventar al adversario, de una lucha descarnada entre los grupos de poder para defender sus intereses económicos y políticos, donde el que pagará los platos rotos será como siempre el pueblo veracruzano.

En Veracruz tenemos un marco jurídico que regula al poder público y al que deben sujetar invariablemente sus actos todos los depositarios de la voluntad popular y los funcionarios del Estado. Si queremos una convivencia democrática sustentada en el equilibrio de poderes, la rendición de cuentas y el apego de gobernantes y gobernados a lo que marca la ley, no hay sino cumplir sus dictados.

El fenómeno de la corrupción que urge combatir requiere de reformas a un marco normativo muy extenso y complejo, con espacios de discrecionalidad y subjetividad importantes, que ha creado auténticas redes que detienen la creatividad y la productividad de las instituciones y las personas, además de facilitar la comisión de conductas ilícitas.

La corrupción ha sido el resultado de inercias y costumbres poco saludables en nuestra vida cotidiana y especialmente en el funcionamiento de los gobiernos, que son factores que se han combinado de manera negativa y causan enormes daños a la credibilidad de las instituciones.

Definitivamente, para lograr la eficiencia de la gobernabilidad y abatir los niveles de corrupción, es fundamental desarrollar mecanismos legales más eficaces para garantizar la transparencia en la función pública, en el financiamiento a los partidos políticos y en la operación de los órganos de gobierno.

La lógica señala que en las democracias, las preferencias sociales se traducen en acciones de gobierno, en donde el ciudadano espera de sus representantes honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos de que se disponen para las tareas gubernamentales.

El principal problema que distorsiona la relación entre gobernantes y gobernados se da cuando los ciudadanos perciben que los recursos públicos no son manejados adecuadamente y se usan para fines particulares.

Además, es cada vez mayor la percepción entre la sociedad de que el Estado moderno se dedica cada vez más a satisfacer intereses de grupos, sectores o individuos con capacidad de influenciar en los niveles de decisión, en vez de preocuparse por atender preferencias sociales. Los gobiernos se vuelven así en agentes de intereses sectoriales particulares y trampolín para hacer buenos negocios.

Cuando esto se instala como sistema, el ciudadano común pierde el respeto a las instituciones y termina dejando de lado obligaciones básicas de la vida en sociedad, como pagar impuestos. Revertir esta situación es tal vez el mayor desafío que deben enfrentar los administradores públicos que consideran a la corrupción como una amenaza a la gobernabilidad y desarrollo de sus instituciones.

En el Veracruz de hoy los partidos políticos, servidores públicos, legisladores, dirigentes partidistas y todos los funcionarios estatales requieren hacer un esfuerzo titánico para recuperar la credibilidad.

Promover y establecer una cultura de transparencia, de rendición de cuentas, de acceso a la información pública, así como de la vigilancia del uso de los recursos públicos por parte de la sociedad será la mejor manera de desterrar la corrupción y de revindicar a la actividad política como una profesión responsable, seria y honorable.

Al ejercer un voto diferenciado en la elección y no dar todas las canicas a un solo jugador, la sociedad veracruzana repartió el poder entre todos los contendientes y con ese simple acto cívico, generó las condiciones para que en Veracruz podamos iniciar la construcción de una nueva institucionalidad democrática. Una etapa de auténtica renovación de nuestras prácticas políticas, de las relaciones entre gobernantes y gobernados. Una etapa en la que la transparencia y la rendición de cuentas sean norma y garantía de gobiernos eficientes, honestos y cercanos al interés colectivo.

La política no es una actividad de puros ni de almas de la caridad, pero sí debe ser ejercida por hombres y mujeres congruentes con los valores éticos y con un inequívoco compromiso con la ley.

Con todo, son ellos, los políticos, en quienes la sociedad deposita su confianza. Habrá que ver que jueguen limpio, que acaten las reglas de la democracia, que antepongan el interés general a sus particulares intereses.

No deben perder de vista que en el juego de la democracia el árbitro ha sido, es y seguirá siendo el ciudadano, el mismo que en cualquier momento puede mostrarles la tarjeta roja.

La sociedad no es como piensan muchos una masa informe y manipulable que aguanta todo. La ciudadanía sabe ya con meridiana claridad que su opinión pesa y vaya que lo saben o deberían saberlo muchos de nuestros políticos.