Veracruz en transición; hacia una gobernabilidad democrática

Agustín Mantilla Trolle

Hoy día, en Veracruz hay muestras palpables de que la política se ha convertido en un símil del pugilismo que falto de técnica, busca el avasallamiento y “nocaut” rápido de sus adversarios, incluso mediante el uso de la rudeza innecesaria. Desde luego que esto no es un invento local, pues parece ser la expresión de los tiempos que vivimos también en la política nacional, donde la competencia y la confrontación se viven en los límites del escándalo y del caos.

Un espacio que permita la reflexión de las ideas se agradece y desde luego se demanda. Por ello mi felicitación a los organizadores de estas “reflexiones en voz alta”, que han logrado aglutinar la diversidad de ideas y las expresiones diferentes que deben tener un mejor destino, particularmente en este momento histórico que bien podríamos llamar como la “coyuntura para la construcción del nuevo Veracruz”.

Pensar Veracruz en voz alta, es hablar libremente de los pendientes que nos impiden aceptar que hemos rebasado las condiciones existentes del siglo pasado. El tercer milenio ha comenzado y difícilmente podemos aceptar el ofrecimiento falaz de un futuro mejor, en el corto, mediano y largo plazo. Ante los grandes asuntos pendientes no podemos seguir mirando hacia atrás, pensando que “todo tiempo pasado fue mejor”; debemos ahora mostrar nuestra capacidad para encontrar y construir las condiciones que nos permitan seguir adelante.

Los nuevos paradigmas de la gobernabilidad

De pronto el concepto de gobernabilidad se ha puesto de moda como un “comodín” en el discurso político, donde lo que más resalta son los llamados a evitar su contrario, la ingobernabilidad, que a muchos espanta y que a pocos en verdad parece preocuparles.

La gobernabilidad se explica tradicionalmente como la “capacidad de un gobierno para preservar las condiciones de reproducción de la misma sociedad de la que emana”. Esta definición que sin duda es una expresión ortodoxa del concepto, pone en manos de los gobernantes la necesidad de garantizar la estabilidad social para persistir y caminar, sin que en ello medie alguna recomendación sobre la manera de hacerlo; por lo que regularmente el sostenimiento de la gobernabilidad se asocia con los actos coercitivos de las instituciones gubernamentales y con la presumible sobreimposición del “Estado de Derecho”, que al final de cuentas se convierte en una justificación para la represión oficial y la intolerancia.

La gobernabilidad en Veracruz ha tenido que ver con un acto de “hegemonía tolerante” de los gobiernos priístas que en el desarrollo histórico han ido permitiendo espacios para la oposición de forma gradual, como respuesta comedida a la resistencia civil y las demandas ciudadanas de democracia y pluralidad. Aún así, por todos lo medios ha persistido el acotamiento político y legal que ha evitado hasta nuestros días el trastocamiento del poder y de sus decisiones.

Como en el país, en Veracruz la democracia es un asunto limitado por la reminiscencia de un poder político, replicario del viejo sistema presidencialista mexicano; con un ejecutivo extra-facultado, con una sistemática sobre-representación del partido gobernante en el Congreso local y con un poder judicial que no se desliga del gobernante en turno.

Esta es una estructura de control que ha predominado, que ha marcado la sumisión de poderes con la que se garantiza la aprobación y validación del gobierno estatal y sus actos; pero aún más, pues el gobierno ha tenido la facultad de abrir espacios demandados por la sociedad como la Comisión que atiende, vigila y procura el respeto de los derechos humanos o el instituto que organiza y califica los procesos electorales que relativamente se han “ciudadanizado”, aunque que en realidad sobre existe un nexo evidente por el que se aprecia su “alineamiento” con el gobierno o lo que es más grave, con los intereses de algún sector del grupo gobernante.

Quisiera decir que las elecciones del pasado cinco de septiembre, han sido el “parteaguas” para la nueva composición política de Veracruz. Pero con “el manoteo” que ocurre en el poder judicial y con la tristemente célebre “interpretación auténtica” por la que una sobre-representación parlamentaria decidió como se debe leer la ley para definir los escaños plurinominales, ahora tengo mis reservas.

En estas últimas elecciones generales ocurre una significativa redistribución de espacios de gobierno y de representación que desde la perspectiva de las fuerzas renovadoras, habría condiciones para pensar en un cambio político cualitativo a favor de la democracia.

Por primera vez en la historia moderna de Veracruz, el PRI enfrentó la disputa de la gubernatura; pierde la mayoría absoluta del Congreso y más de la mitad de los gobiernos municipales. El partido en el poder, aunque se mantiene como la primera fuerza electoral, solo lo hace con el respaldo de un tercio aproximado de los votos, frente a un notable crecimiento del voto opositor.

A “golpe de sufragio”, las condiciones políticas del pasado se trastocaron y ello implica un escenario en el que la forma tradicional de entender y ejercer la gobernabilidad, se puede convertir –irónicamente- en un factor de inestabilidad o de parálisis política. Ello es palpable en los actos de confrontación en los que se ha involucrado el gobierno estatal en franca disputa con algunas fuerzas políticas. La vieja idea de gobernabilidad se altera ante los cuestionamientos al gobernador y a sus colaboradores, y reacciona bruscamente de la forma en la que algunos han llamado como la “judicialización de la política” y que simplemente se trata de que la lucha política se resuelva en tribunales, ante la incapacidad o negativa gubernamental de encontrar soluciones políticas concertadas.

La consolidación de la pluralidad, el crecimiento gradual de la oposición para ganar espacios de gobierno y la adecuada lectura del voto ciudadano “razonado” (y por ello diferenciado) nos deben llevar a un rompimiento de esquemas, a la suplantación de viejas concepciones autoritarias del poder y a comenzar a considerar las condiciones con las que se debe operar lo que hoy debemos llamar como “gobernabilidad democrática” basada en el diálogo y la búsqueda de consensos.

El escenario es alentador y contradictoriamente peligroso en función de las nuevas oposiciones al cambio y que hoy se muestran en los poderes legislativo y judicial que emiten -de parte del gobernador electo- lecturas políticas muy preocupantes.

Es ahí, donde yo veo el papel trascendental del nuevo Congreso local, cuyo mayor reto es recuperar la credibilidad perdida. La nueva composición legislativa, sea cual fuere el resultado en los tribunales electorales, demanda una ardua labor de las fuerzas políticas para la construcción de canales de comunicación que hoy parecen negados y atrofiados.

Al margen de la buena voluntad o las reticencias de quien sea el futuro detentador del poder ejecutivo en Veracruz, es tarea de los legisladores romper con la relación desigual y con el sometimiento ante el gobernante en turno.

Una mala decisión sería mantener las posturas de fuerza entre ejecutivo y legislativo que nos llevarían irremediablemente a una peligrosa parálisis de gobierno que a nadie beneficiaría, sobre todo cuando hay rezagos históricos relacionados con el combate a la pobreza, la marginación, el desempleo, la insuficiente actividad económica, la crisis en el campo y sobre todo la salida masiva de paisanos en la búsqueda de expectativas que no encuentran en su lugar de origen.

Aprovechemos la inercia de las elecciones que no deben ser factor de confrontación, si hay confianza plena en los tribunales; tenemos ante nosotros un proceso de transición democrática a la vista, con un creciente poder político compartido entre los distintos partidos; debe haber voluntad política y disposición para lograr una relación equilibrada entre los poderes sin que ello signifique una guerra permanente; que se reafirme la letra constitucional que oferta la transparencia y la rendición de cuentas de los gobernantes, de los distintos poderes, de las instituciones autónomas y porque no, hasta de los partidos políticos con una fiscalización efectiva; que la función pública tenga los contrapesos y controles que den certeza a los ciudadanos y mejoren la credibilidad en sus gobiernos.

La gobernabilidad democrática deja de ser un acto de decisión única del gobernante y se vuelve un compromiso colectivo, de gobernantes, legisladores, jueces, partidos, organizaciones sociales, gremiales, medios de comunicación y las distintas representaciones de la sociedad organizada. No se trata de restar autoridad sino de que se construyan o amplíen los canales de comunicación e intervención colectiva en la toma de decisiones; la nueva gobernabilidad democrática deberá surgir de un nuevo acuerdo estatal, improrrogable, que genere confianza en todos y que se convierta en el mejor aliciente de los tiempos por venir.

Muchas gracias.

Referencias:

• Bobbio, Norberto, Et al; “Diccionario de Política”. Siglo XXI. 1983. Tomo I, pag. 703 (gobernabilidad)
• Lujambio, Alfonso; “El poder compartido, un ensayo sobre la democratización mexicana”. Océano. 2000
• Aguilar, Luis F.; “El presidencialismo y el sistema político mexicano: del presidencialismo a la presidencia democrática” (Ensayo). Colegio de México, 1999.
• Vite Pérez, Miguel Ángel; “Las disputas de la élite” (Artículo) El Universal. 11 de octubre de 2004.
• Flores Olea, Víctor; “De la Legitimidad del poder”. (Artículo) El Universal. 9 de septiembre del 2004.
• Fernández Menéndez, Jorge; Veracruz y 2006 ¿Quien gobernará? (Artículo) Milenio diario. Septiembre del 2004.