Víctor Manuel Andrade Guevara

Participacion en el foro sobre gobernabilidad democrática en Veracruz, organizado por CETRADE

Víctor Manuel Andrade Guevara

El concepto de gobernabilidad democrática tiene ya varios años en circulación. Sobre todo, cobró relevancia a partir del publicitado informe sobre la crisis de las democracias presentado por Michel Crozier y Samuel Huntington entre otros, en 1976, en el marco de la crisis del estado de bienestar europeo. El informe se refería sobre todo, a la existencia de una sobrecarga de demandas que impelía a una creciente insatisfacción y a un creciente descontento de la ciudadanía debido a que, en palabras de Huntington, la matriz sociopolítica del estado benefactor se orientaba a la obtención, “ya no de mínimos, sino de máximos de bienestar”. La tendencia creciente de las demandas ciudadanas, se traducía en una permanente crisis fiscal que, a su vez, se retroalimentaba con un creciente descontento, generando así un círculo vicioso. Los acuerdos corporatistas ya no eran suficientes para procurar la legitimidad del estado. En palabras de Jürgen Habermas, el estado se enfrentaba, por el lado de los outputs, a una crisis de racionalidad administrativa producto de la hipertrofia burocrática y, por el lado de los inputs, a una crisis de legitimidad producto de la incapacidad de satisfacer las demandas de la población.

En ese marco se empezó a hablar de ingobernabilidad, refiriéndose sobre todo, a la capacidad de generar tanto estabilidad política, es decir, que el umbral de conflicto dentro del sistema político no traspasara las barreras de la certidumbre tanto política como económica, así como a la eficacia de la tarea gubernamental, es decir, la producción de resultados positivos de acuerdo con las expectativas esperadas.

El problema de la gobernabilidad entonces, cobró relevancia dentro de la ciencia política sobre todo, derivando, básicamente en dos interpretaciones que, hablando esquemáticamente podemos definir de la siguiente manera. Por un lado, se dio una interpretación conservadora que trataba de explicar la crisis de gobernabilidad y la sobrecarga de demandas a partir de los excesos del estado de bienestar, tratando de argumentar que las demandas habían cobrado un carácter irracional ya que, exigir por ejemplo, el seguro de desempleo, significaba básicamente promover la dependencia y el paternalismo. La solución se encontraba entonces, en descargar al estado de esas responsabilidades.

En una interpretación de izquierda, el problema más bien era el contrario. El estado de bienestar era una solución incompleta, parcial y poco efectiva a la problemática de la desigualdad que, de acuerdo con la economía política marxista, es una propiedad sistémica del capitalismo.

Por otra parte, el concepto de gobernabilidad se vislumbró desde dos perspectivas, por un lado, desde un enfoque que se refería exclusivamente a los aspectos específicos del sistema político, como pueden ser los de S. Huntington y Gianfranco Pasquino, y otro, orientado en una perspectiva neomarxista, que tendía a articular los aspectos económicos, políticos e incluso culturales. Conviene señalar esta diferencia porque, en efecto, desde mi perspectiva, es equívoco tratar el problema de la gobernabilidad sólo desde el ángulo del sistema político sino en su articulación con la totalidad del sistema social.

En estas condiciones, podemos decir que la gobernabilidad democrática es una situación política en la que, en el ámbito del sistema político se dan las siguientes condiciones, a saber:

  1. la capacidad y el deseo de todos los grupos políticamente relevantes para comprometerse con un tipo de arreglo institucional mediante el cual diriman diferencias.
  2. la aceptación de compromisos institucionales democráticos por parte de los grupos de masa políticamente relevantes, sobre todo los partidos políticos, por encima de los grupos de carácter más elitista.
  3. la aceptación de arreglos que permitan la representación de estos últimos grupos por parte de la clase política elegida
  4. la creación y el mantenimiento de mayorías que funcionen basadas en criterios partidistas como consecuencia de decisiones tomadas de la clase política.

Ahora bien, esa es una definición que obedece básicamente a los moldes estrechos de la ciencia política, o a una concepción de la democracia que se refiere sobre todo al funcionamiento en el seno del estado de la competencia entre las elites políticas. Mi concepción sobre la gobernabilidad democrática, tiene que ver también con la existencia de

  1. condiciones económicas y sociales que tiendan a la igualdad de las condiciones materiales entre los ciudadanos
  2. el reconocimiento a la pluralidad cultural,
  3. la existencia de una esfera pública democrática, (esto es, espacios de interacción y comunicación en condiciones simétricas, donde los ciudadanos y la asociaciones civiles puedan discutir y debatir sobre los asuntos de interés público y puedan ejercer, efectivamente, influencia sobre las decisiones tomadas en el seno de los órganos ejecutivos y parlamentarios.

Ahora bien, pensando exclusivamente en Veracruz, diría que básicamente se requieren dos cosas para la existencia de una gobernabilidad democrática: primero, la existencia de un estado de derecho, y dos: elites políticas con vocación democrática.

Al parecer, ninguna de estas dos condiciones básicas aparecen en Veracruz. La politización de la justicia, la falta de legitimidad democrática de las autoridades y la nefanda tradición de la corrupción no permiten una renovación y reforma del sistema de impartición de justicia y, mucho menos, de su procuración. Así, para muchos veracruzanos el acceso a la justicia está impedido. Mientras eso suceda, no podemos hablar de la existencia de un estado de derecho y, por lo tanto, tampoco de una gobernabilidad democrática. Una nuestra de ello lo tenemos en el intento de promover como presidente del tribunal superior de justicia a un político que no tiene carrera judicial. Si no estuviésemos en Veracruz, eso sería simplemente aberrante.

En cuanto a la vocación democrática de las elites políticas, existe una manifiesta ausencia de ese espíritu. En el PRI no existe una corriente renovadora o reformadora, que le apueste al cambio y a la modernización; ni siquiera en el discurso. En lugar de ello, la clase política tradicional se ha aferrado a sus posiciones y ha defendido los intereses creados a lo largo de varias décadas a capa y espada. Sin proyecto, sin un programa consistente, el PRI se mantiene como una coalición de cacicazgos y elites que se mantiene en el poder a costa de una gran ineficacia y de mantener a Veracruz, en un rezago social y económico bastante prolongado. Todos los indicadores así lo demuestran. Estamos lejos de ser una entidad de primer mundo como declaró el gobernador del Estado.

La oposición por su parte, tanto del PAN como del PRD, no cuenta con un proyecto alternativo viable, ni con la capacidad de pensar en como resolver los problemas de Veracruz, en un entorno supercomplejo. Existe en un caso mucha rijosidad pero poca claridad acerca de cómo salir del estancamiento económico y político y, por el otro, un claro abandono de principios y de elaboración teórica y política que se sustituye, o con acciones que rayan en la violencia, o con un entreguismo vergonzante. Por supuesto, esta es una definición general, en cada agrupación existen sus honrosas excepciones que, lamentablemente, no hacen más que confirmar la regla.

Se presenta en Veracruz una severa crisis de la clase política, como diría Michel Crozier en el título de un libro conocido, padecemos la crisis de la inteligencia, la incapacidad de las elites para reformarse.

Por ello, no soy muy optimista de que la nueva correlación de fuerzas en el congreso vaya a modificar considerablemente el funcionamiento del sistema político ni, mucho menos, que eso pueda repercutir en un cambio de vida entre los gobernados.

En efecto, en el seno de un gobierno dividido, lo deseable sería que, desde el poder ejecutivo, se reconozca la situación y se promueva un pacto que permita reorientar a Veracruz, recuperar los años de atraso que se han tenido tanto en lo político como en lo económico. Pero de quien ofrece demagógicamente crear centenas de miles de empleos desde la gubernatura con el afán de ganar votos, difícilmente podemos esperar alguna propuesta serena y creativa. En todo caso, lo que se avizora dado el nivel de enfrentamiento es, o bien un periodo de gobierno en el que se presente una parálisis, o bien acuerdos con una visión estrecha que tienen que ver, solamente, con la distribución de espacios políticos entre los propios partidos.

Y es que debemos ubicar la coyuntura política. A pesar de la cerrada competencia electoral, a pesar de la amplia participación ciudadana en las elecciones, en caso de que el Tribunal Federal de Elecciones decida ratificar el triunfo del PRI, este llegará con un amplio déficit de legitimidad. En el seno de la opinión pública existe la convicción de que dicho triunfo se debe al uso de reiteradas conductas ilegales. Sin embrago, a la clase política no parece importarle mucho esta situación.

Así, sería deseable que por primera vez en la historia, existiese un congreso independiente, que lleve a cabo con eficacia y honradez su función de fiscalizar y controlar los actos del poder ejecutivo, que evalúe las políticas públicas y promueva el debate político, la discusión y la argumentación racional. Depende en este caso de la oposición, tanto del PAN como del PRD y convergencia, que podamos tener esto. De lo contrario, si lo que se observa es un acuerdo pragmático, en el que se intercambie una actitud licenciosa con el ejecutivo a cambio de posiciones en el gabinete o de prebendas económicas, cosa que por lo demás no sorprendería a nadie, la situación, simple y sencillamente seguirá igual durante tres años, hasta en tanto recupera la mayoría en el congreso el PRI, gracias a su conocida forma de operar.

Si se consolidara un congreso independiente, que responda a los intereses de la sociedad y no sólo a los de los partidos, empezarían por nombrar a un Procurador de Justicia honesto, independiente y capaz, así como a un Presidente de la Comisión de Derechos Humanos que tenga el valor de enfrentar a las autoridades y procurar efectivamente el respeto a los derechos humanos.

Podemos hablar de muchas reformas que serían factibles de sacar adelante si un rayo de luz iluminara a la clase política. Seguramente, a estas alturas ya han sido mencionadas la mayoría de ellas, por lo cual, me permito sólo enumerarlas.

  • Una reforma electoral, relacionada sobre todo, con la reducción radical de los costos de campaña y la facultad explícita para el órgano electoral, de fiscalizar las finanzas de los partidos.
  • Una reforma electoral y constitucional que haga más justa la distribución de escaños en el seno del congreso.
  • La aprobación de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información, a partir de las opiniones emitidas por la ciudadanía y que garantice, efectivamente, la transparencia y el acceso a la información.
  • El establecimiento de órganos ciudadanos de control y fiscalización sobre las políticas públicas y el manejo de las finanzas que lleven a cabo las distintas entidades de la administración pública.

Todas estas medidas ayudarían a consolidar un régimen más democrático y a hacer una realidad el principio de la rendición de cuentas, empero, más que una reforma política, lo que se requiere es una reforma de la política, es decir, una reforma de los políticos. Como diría el ya poco citado Antonio Gramsci, en Veracruz, más que una reforma política, lo que se requiere es una reforma intelectual y moral, una nueva cultura política entre las elites o, más bien, diría que hace falta una nueva élite.

Tengo confianza que de la crisis de este régimen caduco, pueda salir una renovación a mediano plazo de nuestras elites y pueda surgir también, una cultura ciudadana democrática. Para que esto sea posible, tenemos antes el reto de solucionar la extrema pobreza en un estado donde el 60 por ciento de las familias sobrevive con menos de dos salarios mínimos. El problema de Veracruz, no es solo la falta de crecimiento económico sino la extremada polarización del ingreso. Lamento decir que con los actuales instrumentos de política con los que cuenta el estado, no será posible resolver eso; decir lo contrario es demagogia.

Formar una nueva cultura ciudadana pasaría también, necesariamente, por reformar el sistema educativo que se encuentra anquilosado por los intereses de la burocracia sindical y política y por un cambio en los medios de comunicación. Un periodismo basado en la ética, la pluralidad, la calidad informativa y la superación de una cultura de sumisión al Estado, así como la prioridad dada al interés económico por encima del derecho a la información de los ciudadanos. La gobernabilidad democrática pasa por una constitucionalización y una democratización del llamado cuarto poder.

Xalapa, Ver., a 19 de Octubre de 2004