Rendición de cuentas de las organizaciones políticas en el estado de Veracruz

Marco Antonio Aguirre Rodríguez

Tres, solo son tres, en toda la República Mexicana, los estados en donde no se fiscalizan los recursos de las organizaciones políticas.

Tres entidades solamente: Chiapas, Colima y, el tercero, Veracruz.

Esta es una distinción a la que no se debe aspirar.

Hace dos años todavía eran once los estados en donde los órganos electorales locales carecían de facultades fiscalizadores o de auditoria para la revisión de las cuentas de las organizaciones políticas.

(Antes de continuar una precisión: como organizaciones políticas se entiende todas las que realizan actividades de este tipo y que tienen registro federal o estatal otorgados por el Instituto Federal Electoral o el Instituto Electoral Veracruzano, como los partidos políticos nacionales, los partidos políticos con registro estatal, las organizaciones políticas nacionales, las organizaciones políticas estatales y las asociaciones de ciudadanos de un municipio. Es de enfatizar, pues, que por organizaciones políticas se entiende más allá de los partidos políticos)

Aquí, en Veracruz, ni siquiera existe la circunstancia que opera en Chihuahua, donde la atribución se tiene pero se carece del reglamento que procedimente su operación y en consecuencia la lucha jurídica es por ese detalle.

Los mal pensados pueden creer que esto es un reflejo de que las puertas siguen cerradas a la modernidad política.

Los bien pensados pueden decir que esta es una oportunidad para hacer una ley de organizaciones políticas para el estado de Veracruz que subsane esta y otras omisiones.

Puede ser una Ley de Organizaciones Políticas (o de Partidos Políticos, como se le quiera llamar) que se emita a la par que se modifica el Código Electoral, como complementaria una del otro y viceversa, o puede emitirse sin alterar la situación imperante del Código Electoral, con lo cual sería una Ley de Organizaciones Políticas que caminaría sola.

Ejemplos de este tipo de leyes hay muchos, incluso en países de América Latina.

En fin.

Esto es algo que se puede hacer.

Volvamos al principio.

Veracruz es uno de los tres estados del país en donde el órgano electoral carece de facultades fiscalizadoras.

Otorgar estas va más allá del ponerse al corriente en la modernidad política.

El financiamiento de los partidos políticos (y por tanto el de las contiendas electorales) es un asunto público.

En consecuencia, como asunto público no puede estar sujeto a la discrecionalidad con la que se manejan los recursos patrimoniales de las personas y las empresas, en su caso.

También es un asunto político, más allá de la implicación técnica que conlleva tanto la consecución de los recursos como el control de su manejo, y por lo mismo su obtención y empleo tampoco puede ser de carácter discrecional.

Sabido es que los partidos políticos reciben de los gobiernos federal y estatal a través de los organismos electorales, financiamiento para sus actividades y gastos de campaña; e igualmente acogen algo más (a veces mucho más) que los dineros públicos que les otorga el Estado, sobre todo por vías del financiamiento de particulares.

Pero no por ser recursos (que bien pueden ser en dinero o en especie) allegados por la donación de algún particular, deben dejar de vigilarse. Al contrario: atrás de cualquier financiamiento privado hay una intencionalidad. Las entregas a las organizaciones políticas empezaron como una forma de fortalecerlas para la obtención del poder político; ahora se han documentado casos en donde la intención en la entrega de donativos no siempre es paralela a las daciones que caracterizaron al buen samaritano, si no que –para ser más claros- pueden conllevar la expectativa de conseguir prebendas de los gobernantes en turno o probables, bien en el momento o a futuro, aunque tampoco se puede eliminar la ocasional existencia de la buena voluntad en las mismas.

Inútil sería negar que la revisión de cuentas de los partidos políticos se originó, al menos en México, como producto de la desconfianza del origen de los recursos allegados a los mismos.

La transparencia en el manejo de los recursos es una exigencia de la sociedad, de las primeras en los reclamos para la transición democrática de México. Fue un requerimiento que comenzó hacia los gobiernos y que poco a poco adquiere naturalidad tal que hoy lo que se ve como extraordinario son los intentos de ocultamiento de las formas en que, precisamente, se realiza el manejo de los recursos y por eso ahora son origen de escándalo público los descubrimientos que muestran maniobras encubiertas e ilícitas de operaciones de recursos públicos o que afectan a los mismos.

Este reclamo que empezó hacia los gobiernos se hizo extensivo después a los partidos políticos, ante la presunción de que los grupos que están en el poder favorecían al organismo político del cual emanaron, y a aquellos a los que quieren apoyar, bien porque estos les sirven de puntal para la ejecución de sus políticas, programas y obras públicas, o para que no obstruyan los mismos.

La tolerancia que hubo para los manipuleos extralegales de los recursos públicos está muy disminuida. En consecuencia, la rendición de cuentas toma mejores posiciones de cotidianeidad.

Existen ya mecanismos (pueden considerarse imperfectos, perfectibles, erróneos o inexactos, o completamente acabados, según la visión de cada quien) para vigilar el rendimiento de cuentas de los gobiernos a la población y de los particulares hacia estos.

Pero en Veracruz una materia pendiente es el profundizar en la revisión de las cuentas de los partidos políticos.

Pronunciamientos en torno a esto existen muchos, tanto reclamando que se asuma la misma, como declaraciones de buena voluntad en el sentido de que la próxima reforma al Código Electoral debe contemplarla, para acrecentar la transparencia del manejo de los dineros y bienes que llegan a las organizaciones políticas, así como el uso que se le da a las mismos.

Pero faltan acciones concretas.

Es necesario plasmar en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, el otorgamiento al Instituto Electoral Veracruzano de facultades de fiscalización de recursos de los partidos, tanto en su origen como su destino, y hacerlas extensivas al Código Electoral y (si alguna vez se redacta) a la Ley de Organizaciones Políticas, antes de que las mismas sean impuestas desde afuera.

En cualquier momento pueden llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recursos apelando a la falta de profundidad en las revisiones que hace el IEV a los recursos de los partidos políticos y esta instancia puede emitir un criterio en el sentido de que el órgano electoral debe asumirlas.

Entonces se tendrán que adoptar disposiciones emergentes, sin medir implicaciones y formas de operación, sin preparación, para acatar el mandato judicial.

Todavía es tiempo de que la legislatura prevenga y actúe.

Las facultades de revisión amplia de los recursos de las organizaciones políticas hacia el Instituto Electoral Veracruzano deben incluir, cuando menos, cinco características.

1.- Las prerrogativas para los partidos políticos nacionales están reguladas por disposiciones que operan en el ámbito federal y en el estatal, al tener los mismos esos conductos dobles, paralelos, de obtención de financiamiento público; los partidos políticos estatales en cambio deben constreñirse al financiamiento que les otorgue solo el órgano electoral estatal.

Aquí hay, si se quiere, un punto de inequidad, conjuntado con la pretensión de que los partidos con registro estatal puedan competir en las elecciones federales. Analizar la certidumbre de estas posiciones puede llevar muchos metros de papel y muchos litros de tinta, amén de requerir tribunas adecuadas.

Así pues, lo que podría considerarse un doble financiamiento para los partidos políticos nacionales queda justificado, al tener los mismos facultades para competir en las dos pistas de lo que podría parecer una misma arena.

La discusión sobre la conveniencia de juntar los procesos electorales y que las elecciones todas estén en manos del IFE o de los órganos electorales de los estados, igualmente es materia para discutir en otro escenario.

Los recursos públicos, otorgados a los partidos políticos, tanto provenientes del IFE como de los órganos electorales locales, por mientras deben ser revisados en ambas instancias, así como los que reciban por otras vías estos organismos políticos.

Hay quienes, obviamente desde la posición de los partidos políticos, plantean que con este régimen de cosas se da una superposición de atribuciones o interferencias entre las mismas.

Lo ideal, y lógico, es que al recibir las organizaciones políticas en dos ámbitos deban rendir cuentas igualmente en dos instancias. Para ser más claros, las capacidades de revisión de los recursos de los partidos políticos deben mantenerse tanto en la instancia del IFE como en los órganos electorales de los estados, en este caso particular, por el Instituto Electoral Veracruzano.

Ciertamente esta sobreposición de atribuciones, hasta ahora, deja lagunas que pueden ser aprovechadas por dirigentes o militantes partidistas para colocar recursos en ese limbo en el cual, aún cuando los mismos puedan ser vistos, no puedan ser revisados ni por una instancia ni por otra.

Un ejemplo: hay una donación que recibe un comité distrital o municipal de un partido, que no reporta (al menos formalmente) ni al comité nacional ni al estatal, pero la entrega es descubierta por alguno de los contrincantes políticos quienes además de hacer público esto interponen un recurso para que se cuantifique la misma; la queja presentada ante el IFE no procede porque esos recursos no fueron reportados como de origen federal e incluso en la respuesta al apremio de informar sobre los mismos se les menciona como relativos al ámbito estatal.

En lo estatal puede ocurrir lo mismo, con la variante de que ahí se referirá la donación como relativo a lo federal.

Ante casos como estos lo ideal es que el Instituto Electoral Veracruzano tenga facultades para revisar la totalidad de los recursos que manejan las organizaciones políticas, sin distinción de la colocación que se les de.

Esto obviamente respondería a poder tener conocimiento de todos los recursos y no dejar esta clase de limbos en los que se escondan recursos manejados por los partidos políticos y que se pueda comprobar si efectivamente los mismos fueron reportados a una instancia o a otra.

En consecuencia, situaciones de este tipo abrirán la puerta a la coadyuvancia de los órganos electorales

Ello es así porque efectivamente se requiere un sistema integral que permita garantizar el adecuado uso y justificación del financiamiento para las actividades de los partidos y el correcto control de la aplicación de sus recursos.

Es preferible una sobregulación en esta materia, que una subregulación.

Los partidos políticos estatales en consecuencia solo deberán rendir cuentas al órgano electoral local, informando de la totalidad de los recursos que reciban, tanto provenientes de fuentes de financiamiento asentadas en el estado como en otros lados del país, al menos mientras no consigan su naciente pretensión de que se les permita participar en las elecciones federales en el ámbito de los estados en donde tienen su registro.

2.- Recuperación de bienes de organizaciones políticas que pierdan su registro. La experiencia ha mostrado lo efímero del actuar de algunas organizaciones políticas.

Y también el manejo patrimonialista que en ocasiones se da, de los recursos de las mismas.

Hay organizaciones políticas que al desaparecer solo dejan deudas que a nadie pueden ser cobradas, porque la entidad que las contrajo ya no existe, pero los bienes adquiridos son concretos y pasan a manos de otros, bien entidades políticas o de plano de particulares.

Los requerimientos de la regulación de los recursos de las organizaciones políticas incluyen también el regular la obligatoriedad de registrar los bienes obtenidos, por cualquier medio, y el destino que tendrán en caso de que desaparezcan las organizaciones políticas.

3.- El monto de las prerrogativas que se entregan a las organizaciones políticas. Más de una vez los dirigentes de los partidos políticos y asociaciones se han quejado por los montos de las prerrogativas calificándolas de insuficientes para mantener una estructura en un estado de las dimensiones de Veracruz, con 72 mil 420 kilómetros cuadrados, una población cercana a los 7 millones de habitantes y 212 municipios.

En contraparte, llevados por los montos que se destinan a los partidos políticos en lo nacional y la impresión en buena parte de la población de que los mismos no han hecho aportaciones significativas al avance democrático en el país (discusión aparte de la razón de esto, incluyendo la intencionalidad de disminuir la actuación política para incrementar el accionar de particulares), se habla de mucho dinero destinado a los partidos políticos.

Existen entidades donde se “premia” la participación ciudadana en los procesos electorales, condicionando el monto de las prerrogativas a la cantidad de votantes que acuden a las urnas en la última elección.

Revisar la fórmula del financiamiento público a los partidos políticos, manteniendo la proporción de participación de las aportaciones de particulares, militantes y simpatizantes, es una gran tarea, que debe incluir la conveniencia o inconveniencia de incrementar su monto, por la descarga al erario público y la injerencia directa de los capitales en la vida política del estado y del país (porque nadie puede negar que Veracruz tiene un impacto sustancial en la vida política de México).

Lo que sí, es necesario, es regular las aportaciones indirectas que realizan grupos de apoyo a candidatos u organizaciones políticas, que no están dentro de la estructura de estas últimas. Son una excelente forma de evadir la revisión de cuentas.

Igualmente es materia de análisis el tomar como parámetro solo el financiamiento público que se les otorga a través del IEV o incluir también las transferencias que reciban las organizaciones políticas de sus comités ejecutivos nacionales, en su caso.

Pero lo que debe ser inamovible en materia del financiamiento a las organizaciones políticas es la restricción para que realicen aportaciones a las mismas, de cualquier índole: los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto federales como estatales, y los ayuntamientos; cualquiera entidad, dependencia u organismo de cualquiera de los niveles de gobierno; partidos políticos, ciudadanos y/u organizaciones extranjeras; los organismos internacionales; las iglesias, organizaciones religiosas y sus ministros; las empresas mercantiles; y, los mexicanos residentes o que trabajen en el extranjero.

4.- Dotar al Instituto Electoral Veracruzano de los elementos necesarios para que pueda desarrollar las facultades de fiscalización. De nada sirve ponerle un kilo de carne a un chimuelo si no se la va a poder comer. Es una acción de mal gusto darle a comer carne a quien es vegetariano. La autoridad encargada de la fiscalización debe tener los suficientes mecanismos para realizar su trabajo: económicos, técnicos, profesionales, legales, tanto materiales como humanos, tanto de punta como de soporte, para desarrollar su tarea de forma eficaz, para que pueda llegar más allá de la revisión y verificación de las cuentas, para que tenga la capacidad de imponer sanciones y hacerlas cumplir.

La previsión de la existencia de sanciones y de la capacidad de hacerlas cumplir es necesaria porque sin esta, personas u organizaciones poco serias pueden pensar en que no vale la pena cumplir con lo indispensable en la justificación del uso de los recursos que utilizan para la actividad política.

En este momento es valido remarcar que la fiscalización la debe hacer el Instituto Electoral Veracruzano, no solo para ser concordantes con lo que pasa en otros lados del país, si no también porque dejarle la atribución a otra instancia puede prestarse a actitudes de otro tipo. Como parte de las atribuciones del IEV la misma será vigilada por los consejeros electorales, quienes tienen un actuar con vistas al avance de la democracia en Veracruz (yo puedo asegurarlo y aunque de poco sirva, avalarlo, a pesar de las tendencias que se les quieran dar).

En cambio dejar la fiscalización de los recursos de las organizaciones políticas en manos de cualquier otra instancia si puede llevar a que esto se utilice de forma sesgada, queriendo afectar a alguna de las mismas, bien a favor o en contra. Los consejeros electorales por su mismo origen, funciones, y actividad deberán vigilar que la revisión de cuentas carezca de parcialidades hacia alguna organización política.

5.- Algo menos que esto es simulación.

Algo menos que esto son ganas de que las cosas no avancen.

Pero esto tampoco es todo.

Hay cosas que escapan a una visión inicial, parcial, del problema de la fiscalización de los recursos de las organizaciones políticas en el estado de Veracruz.

Y aún cuando se logre compilar todo lo actual faltará lo que brote después.

Por eso tampoco se debe pensar en una reforma total, sino que pueda adaptarse a lo que venga, no que quede por abajo

Las reformas electorales, ya lo hemos visto, no pueden considerarse concluidas; el avance y la adecuación de las condiciones políticas a la vida social reclaman su actualización o de plano modificarlas o rehacerlas.

José Woldenberg, Seminario internacional sobre dinero y contienda político-electoral, efectuado en el 2000, asentó:

“Muchas de las regulaciones que se han ensayado en el mundo, no logran contener del todo la aparición de las patologías políticas que se pretendían controlar. Habría que reconocer que en este tema no hay sistemas normativos perfectos y omnipotentes. Los asuntos del financiamiento de los partidos han sido motivo de inestabilidad y crisis en muchas democracias del mundo: gobiernos enterrados por escándalos que los implican en operaciones financieras delictivas, ex-presidentes o primeros ministros que pelean por eludir la acción de la justicia, ministros cesados por acusaciones en su contra, partidos al borde de la desaparición, y sistemas políticos enteros precipitados por causa de ilícitos financieros.

No se exagera cuando se refiere al financiamiento de los partidos como un tema absolutamente central no sólo para los propios partidos políticos y para su influencia, prestigio e implantación social, sino, lo que es más importante, para la legitimidad y la salud del sistema democrático mismo”. (José Woldenberg, Relevancia y actualidad, Seminario internacional sobre dinero y contienda político-electoral: retos para la democracia –IFE/200)

Lo que sí es que el tema político electoral no puede dejarse de lado, porque las organizaciones políticas han contribuido a la construcción del estado democrático en México, bien catalizando o canalizando las demandas sociales que surgen, además de que son cimiento, columna y andamio de la estructura del estado, porque sus miembros son hoy parte de los poderes del país y del estado; son miembros de partidos políticos, o por lo menos llegaron a la posición que ocupan a través de la postulación hecha por una organización política, los integrantes de la legislatura, quienes actúan en el gobierno del estado y en los gobiernos municipales.

La política, al menos en lo que se vislumbra ahora, no dejará la vida pública en muchos, pero muchos años. Y Tal vez nunca, porque el hombre es un animal político por naturaleza.