Gobernabilidad y cultura política

Juan Schuster Fonseca

Quiero agradecer al Cetrade y a su Director General Domingo Alberto Martínez Resendiz, por la invitación a participar en este Foro, que sin duda contribuirá a ubicarnos en una perspectiva más clara del futuro inmediato de la realidad veracruzana.

Para abordar el tema de la gobernabilidad en Veracruz, respecto a las dificultades que plantean las nuevas condiciones surgidas de la elección del 5 de septiembre, iniciaré con un breve marco conceptual, para pasar al análisis de algunos elementos que nos permitirán establecer la relación entre los riesgos de ingobernabilidad con la persistencia de una cultura política atrasada.

Como sabemos, la gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo.

Así, la gobernabilidad tiene dos dimensiones: la legitimidad y la eficacia. La legitimidad de los gobernantes proviene del carácter representativo de las instituciones públicas desde las cuales ejercen el poder. En las elecciones que renuevan periódicamente la representación popular, participan candidatos con programas planteados en función del interés general de la sociedad. Pero desde el momento en que alcanzan la condición de gobernantes, su actuación se ve determinada por las demandas que presentan grupos que defienden intereses regionales.

La eficacia, por su parte, es la manera en la que responden los gobernantes a las peticiones de los grupos portadores de intereses parciales. Estos grupos tienen una clara conciencia de su propio interés y pueden medir el grado con que es satisfecho. En cambio, no sucede lo mismo con el interés general el que con frecuencia responde más a un principio ideológico susceptible de interpretaciones diversas, que a la percepción subjetiva de una conveniencia concreta.

Respecto a la cultura política y, más particularmente, a los valores en que ésta se sustenta, vale decir que la viabilidad de cualquier orden social complejo y relativamente estable, depende, en último término, de la existencia de un acuerdo mínimo (tanto explícito como implícito) sobre los valores morales que deben presidirlo, los cuales habrán de conferirle un cierto sentido, dirección y coherencia.

Si algo caracteriza a las sociedades contemporáneas es su falta de consenso moral mínimo, por lo que nos enfrentamos propiamente a un fenómeno caracterizado por la existencia de lo que Arbós y Giner llaman sociedades moralmente confusas. Lo anterior se hace patente por la creciente inseguridad sobre cuáles son los criterios de lo que es moralmente correcto y lo incorrecto; lo que merece deferencia y respeto público; así como de cuáles son los representantes y portadores humanos de la autoridad y, por tanto, del poder legítimo.

Por lo que, uno de los requisitos importantes para la gobernabilidad de las sociedades de nuestros días, lo constituye la creación de un consenso moral mínimo, sobre todo, en el terreno jurídico y político.

En Veracruz, los ciudadanos-electores salieron a votar el 5 de septiembre, con una idea muy clara: no otorgar el poder absoluto a ninguna de las fuerzas políticas en contienda.

Como corolario de este mandato es válido interpretar que el electorado no fragmentó el poder para generar ingobernabilidad, por la falta de acuerdo entre los partidos y sus representantes elegidos, en un marco jurídico y político de instituciones que no estaban adecuadamente diseñadas para esta nueva expresión de la pluralidad política. Por el contrario, la nueva composición de los gobiernos estatal y municipales y el voto diferenciado que la originó, expresan el pluralismo de la sociedad, la mayor presencia y participación de un electorado de jóvenes y de mujeres que reclaman sus espacios y que buscan cada vez más incidir en la solución, por consenso, de los problemas de sus comunidades.

Sin embargo, los riesgos de ingobernabilidad si bien pueden tener su origen en las deficiencias de un diseño institucional -que a todas luces es perfectible-, provienen más bien de las actitudes de intolerancia características en actores políticos que aun cuando usan en su beneficio las ventajas instrumentales que la democracia otorga para acceder al poder, son portadores de una cultura política anclada en los valores antidemocráticos.

Una actitud recurrente de estos políticos es la de presentar a los ciudadanos sus intereses o lo intereses de los grupos que representan como si se tratara del interés general, por lo que el simple hecho de no coincidir con ellos hace acreedores a los disidentes de adentro o de afuera a ser considerados no como adversarios sino como enemigos que tejen complots, y a los que más que más que hacer interlocutores de un diálogo se requiere eliminarlos.

La lucha política, la lucha por acceder al poder, se convierte así no en la competencia legal y legítima de quienes disputan los cargos de representación popular -y que por definición no establece ganadores absolutos-, sino en una lucha que excluye toda posibilidad de coexistencia entre ganadores y perdedores de la contienda, entre quienes poseen solo una parte de la verdad política.

Esta interpretación de la política y quienes así la interpretan, los propulsores de la antidemocracia, son los responsables del descrédito, la desconfianza y el rechazo social en el que han caído la mayor parte de las instituciones políticas.

Es esta expresión de la antipolítica, aunada a la situación de desorden e ineficacia de los gobiernos democráticamente elegidos, lo que ha llevado a los ciudadanos a confiar más en el ejército que en cualquier otro tipo de institución pública o social, según nos reporta la encuesta levantada por Consulta Mitofsky el pasado mes de septiembre.

Así pues, esta clase de políticos, que además suelen ser ciegos y sordos hacia las opiniones de los sectores sociales que no corresponden a sus intereses, parece no darse cuenta de lo que está ocurriendo.

Ensimismados como están en la disputa por los cargos que consideran la fuente de poder, no perciben que están peleando por espacios que se están vaciando de lo que en otro tiempo les proveyó de ese poder y legitimidad.

Veáse si no lo que significa una Presidencia enfrentada al Congreso, o un gobernador que carezca no de la mayoría de diputados en un Congreso o de la mayoría de los ayuntamientos, sino de la capacidad política y de la autoridad moral, para poder lograr los consensos necesarios para gobernar.

Se requiere así -y en esto retomo algunos de los planteamientos formulados esta mañana por el padre Quintín López Cessa- de un liderazgo político que trabaje para superar los problemas derivados de la sociedad moralmente confusa y que convoque a construir los consensos morales mínimos, sobre la base de valores moral y políticamente sólidos, que son los de la democracia. Esto solo se puede lograr no a base de mercadotecnia, sino de congruencia, de predicar con el ejemplo, de practicar la democracia.